La mayoría de las autonomías rechazan penalizar las viviendas desocupadas

Las consejerías de Vivienda de la gran mayoría de comunidades autónomas están en contra de penalizar los inmuebles vacíos y apuestan por fórmulas alternativas para lograr que este tipo de viviendas entren a formar parte de las bolsas públicas de alquiler. Pero no todos comparten esta opinión. Cataluña y País Vasco planean aplicar algún tipo de sanción económica a los inmuebles que, previa inspección, fueran declarados vacíos.

La polémica de las viviendas vacías surgió en 2002, cuando el anterior Gobierno estudió aplicar sanciones a este tipo de inmuebles. El presidente del actual Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió el pasado enero dejar el asunto en manos de las autonomías. Con todo, el Gobierno ya les ha dejado claro que no está a favor de este tipo de medidas.

El director de la Sociedad Pública de Alquiler, Alejandro Inurrieta, sostiene que la penalización de los inmuebles vacíos es una vía «poco efectiva y poco inteligente». El alto cargo cree, no obstante, que es preciso abrir un debate público sobre el asunto. «La discusión sobre la vivienda vacía debe ir más en profundidad, sin que sea necesario por esto ponerla en alquiler», defiende.

Las fórmulas de sanción son muy variadas y van desde la aplicación de un canon hasta la expropiación temporal de la vivienda, como ya ocurre en la mayoría de países de la Unión Europea. Es el caso de algunas ciudades francesas, en donde se obliga a que los dueños de los inmuebles vacíos paguen en concepto de multa hasta un 10% del valor de la vivienda durante el primer año de desocupación.

Criterios diversos

Cataluña y País Vasco comparten la voluntad de establecer sanciones, pero no coinciden en la definición de vivienda vacía. El proyecto de ley de vivienda del Gobierno vasco establece que un inmueble no habitado es aquel que no tiene un uso vacacional y que está desocupado los 365 días del año. Este borrador excluye, además, todos los pisos abandonados de forma temporal por motivos laborales o familiares justificados ante la administración.

En Cataluña, en cambio, van a mirar las facturas. La Generalitat pretende determinar si una cada esta ocupada o vacía mediante el análisis de sus consumos de servicios como la luz, el agua y el gas. Pero esta solución le presenta algunas complicaciones, porque al propietario del inmueble le bastaría con dejar una luz encendida para evitar pagar la penalización impuesta por la Generalitat.

Fuentes de la consejería catalana de Vivienda reconocen que la penalización de inmuebles vacíos es «el gran escollo de la ley de Vivienda», que será presentada al Parlamento autonómico en las próximas semanas.

Navarra también está a favor de buscar alguna fórmula que permita sacar estos pisos al mercado público de alquiler, pero no apuesta por sanciones directas. El responsable autonómico de Vivienda, Carlos Esparza, apuesta por «grabar la capacidad de producción de renta» que tendrían las viviendas de estar arrendadas.

El mayor problema, a su juicio, es determinar si los inmuebles están desocupados. Se trata, afirma, de un proceso «complicado, costoso y de difícil tramitación» que ha llevado al Gobierno navarro a contrastar su opinión con la de un jurista para no incurrir en la ilegalidad.

Otras soluciones

En el extremo opuesto, están las comunidades que se oponen a penalizar las viviendas vacías para destinarlas a la construcción de parques públicos de compra o alquiler. Canarias, que puede presumir de ser la pionera en la creación de estas bolsas de viviendas a partir de pisos vacíos, tiene claro que las sanciones no son la mejor fórmula. Su consejera de Vivienda, Inés Rojas, apuesta por ayudas para los propietarios, los futuros inquilinos y los promotores de viviendas que vayan a ser destinadas al alquiler.

Desde el departamento de Vivienda canario se facilitan subvenciones que pueden alcanzar hasta los 18.000 euros para los propietarios de inmuebles vacíos, así como seguros que cubran los posibles impagos de inquilinos y desperfectos. Estas actuaciones están recogidas en el Plan de Vivienda del Gobierno canario que ya lleva tres años en marcha y a través del cual se han concedido 22.100 subvenciones.