Fijan para noviembre el juicio del denominado 'caso Agüera'

EUROPA PRESSMálaga

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha fijado para el día 8 del próximo mes de noviembre la celebración del denominado 'caso Agüera', abierto tras la filtración de un informe sobre la vida pública y privada de la ex edil del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital Rosa Agüera, según confirmaron fuentes judiciales.

El juicio contra el intendente mayor de la Policía Local Juan Antonio F.M. estaba previsto que se celebrara este mes de junio en la Sección Segunda, pero, según explicaron a fuentes del caso, la incorporación de un informe de la Agencia de Protección de Datos hizo que el procedimiento fuera catalogado como "causa especial", por el volumen de folios, lo que supuso que se volviera a turnar entre las distintas secciones de la Audiencia.

Las diligencias judiciales se iniciaron una vez que la concejala presentó una denuncia para que se investigara un presunto delito de descubrimiento y revelación de secreto, y después de que la Fiscalía de Málaga remitiera al juzgado las investigaciones hechas de oficio en este tema, que incluían el expediente de información reservada realizado en el Ayuntamiento.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga decidió abrir juicio oral contra el intendente mayor de la Policía Local Juan Antonio F.M. por un presunto delito de revelación de secreto, al considerarlo responsable de remitir copias del escrito realizado por el oficial a los medios de comunicación. En su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal solicitó tres años de prisión, suspensión de empleo o cargo público por el mismo periodo y multa de 15 meses.

En este sentido, la Audiencia resolvió el recurso presentado por la defensa del imputado, los letrados de la ex edil y por el Grupo Municipal Socialista contra el auto por el que se acordó seguir sólo el procedimiento respecto al intendente y no frente al policía Rafael R., contra quien formuló acusación inicialmente la representación legal de la ex concejala.

En este sentido, el Tribunal confirmó el auto del instructor y consideró que una vez analizada la prueba pericial, "la única presunta imputación que provisionalmente se puede hacer es la efectuada por el juez". Asimismo, se pronunció en contra de la solicitud de que se tomara declaración en calidad de imputados al superintendente del cuerpo policial, Pascual Sánchez-Bayton, y al que fuera director del Area de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga Carlos Rubio.

La Audiencia acordó también, en contra de lo dicho por el juzgado instructor, que se aportara al procedimiento penal el expediente de la Agencia de Protección de Datos seguido contra el Consistorio, aspecto que fue solicitado por la defensa del intendente de la Policía Local, único acusado en este caso.

La Agencia consideró que el Ayuntamiento cometió una infracción grave, según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), en relación a la filtración del informe policial, al "mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen".

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