Piden a Hacienda que levante el embargo de sus bienes tras ser engañados por su gestor

La vida de estas familias cambió por completo hace siete años, cuando vendieron un solar por 2,37 millones. Su gestor, A.C.J, les había llevado siempre el papeleo y volvieron a confiar en él para la operación, por lo que le entregaron en efectivo y en varios cheques un total de 655.840 euros para pagar el IVA y el IRPF. Según recoge la sentencia, estos pagos se hicieron sin mediar contrato, dada la relación de confianza.

Sin embargo, el acusado no sólo no pagó los impuestos ni devolvió las cantidades entregadas, sino que amenazó a las familias con que si le denunciaba «no recuperarían nada y les conduciría a la ruina». Se trata de una actitud que mostró también durante el juicio; de hecho, en su sentencia, el tribunal la califica de «prepotente y desconsiderada».

Asimismo, en el escrito judicial, al que ha tenido acceso este periódico, se explica que el procesado «en ningún momento se mostró mínimamente arrepentido» por la situación creada. El tribunal añade que se comportó de forma «displicente, soberbia y altiva, sin asumir en ningún caso la responsabilidad de sus actos».

Pero el gestor aún continúa en libertad y los perjudicados no han recibido ni un solo euro de él, es más, tienen sus cuentas y pertenencias embargadas por la citada deuda con el fisco, que por los intereses ya supera el millón de euros. Así lo explica uno de los afectados Manuel Arrabal, que, junto con sus familiares, se concentra frente a la delegación de Hacienda todos los jueves para solicitar que se les levante esta medida.

«Estamos casi todos arruinados, Hacienda nos está machacando», afirma Arrabal. En un escrito que todos los perjudicados han firmado y remitido al organismo estatal, aseguran que no pueden entender cómo la Agencia Tributaria les reclama «con tanto celo y empeño» la deuda, «a pesar de los graves hechos» de los que han sido víctimas, algo que ha reconocido hasta el Supremo.

«Tengo dos hijos, uno está en paro y el otro está haciendo Magisterio. Para que pueda continuar con sus estudios nos está ayudando económicamente la familia, nosotros no podemos», apunta Arrabal. Por ello, los familiares denuncian el «desamparo» que sienten de la Administración por su situación.

«Empezar a vivir»

La sentencia del Supremo supone un rayo de luz para los matrimonios. Arrabal espera que esta resolución judicial provoque el fin de su situación de embargo «para así poder comenzar a vivir después de siete años». No en vano, los acusados se encuentran en tratamiento por problemas de salud que sufren como consecuencia directa de todo lo sucedido. Trastornos depresivos, ansiedad, insomnio y agravamiento general de su estado de salud son algunas de las afecciones que recoge la sentencia de la Audiencia Provincial.

Pese a los reveses que han sufrido estas familias, continúan intentando que la Agencia Tributaria levante el embargo. Los perjudicados se concentran todos los jueves ante la delegación en Málaga de este organismo del Estado, pero no es su primera protesta, ya que anteriormente ya se manifestaron en la puerta de la Ciudad de la Justicia y hasta recogieron 3.500 firmas que entregaron en el juzgado para pedir la paralización de la medida de Hacienda hasta que el acusado fuera sentenciado, aunque no lograron su objetivo.

La lucha de estas familias no es sólo en la calle. Su abogado, Ediberto Galán, tiene recurridos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía todos los embargos del fisco contra los afectados. Espera que la sentencia del Supremo contribuya a que se retire la medida, porque «ahora es a Hacienda a quien le toca actuar».

Pero no parece que la Agencia Tributaria vaya a dar ningún paso. Desde el organismo explicaron que las familias tienen una deuda y que Hacienda no puede dirigir sus actuaciones contra terceros. Asimismo indicaron que las acciones que se deriven de la sentencia que han obtenido se deben llevar a cabo entre los particulares, sin que en ellas intervenga el organismo del Estado.