Una solución que no llega

Aunque todo el mundo, tanto ayuntamientos como afectados, esperaban el Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable como agua de mayo, por considerar que vendría a resolver todos sus problemas, la realidad ha sido muy distinta. De hecho, las asociaciones de propietarios de viviendas ilegales en el campo no tardaron nada en expresar su rechazo a la normativa autonómica por considerar que no ofrece una solución práctica y efectiva a su problema, que no es otro que poder legalizar sus viviendas.

La situación no ha cambiado demasiado, por no decir nada, dos años después de la entrada en vigor del Decreto, que se cumplió el pasado 1 de marzo. Los ayuntamientos, incluidos los gobernados por el PSOE, consideran que la Junta de Andalucía debería dar un paso al frente y coger el toro por los cuernos porque lo que de verdad exigen los propietarios es una legalización en toda regla, desde el momento en que los vecinos consideran que lo hecho hasta el momento «no vale para nada».

Y no vale nada, según mantienen, porque el 80 por ciento de las edificaciones existentes en el campo malagueño a lo máximo que podrán aspirar con la aplicación del Decreto es a obtener la consideración de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), figura reservada para las construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ya ha prescrito la infracción, pero que les permite acceder a los servicios básicos de luz y agua, servicios que ya poseen.

En ningún caso tener la consideración de AFO representa la legalización de la vivienda, de ahí que sea algo que no convenza a los afectados, que siguen dejando pasar el tiempo a la espera de un posible cambio de dirección en la política urbanística de la Junta respecto a las casas ilegales que invaden los campos de la provincia, desde Manilva a Nerja y desde Alcaucín a Tolox.

La propia Junta reconocía en enero de 2012, fecha en la que se aprobó el Decreto, que sólo un 10 por ciento de las viviendas irregulares podrán ser legalizadas, otro 10 por ciento seguirán siendo ilegales y el resto, que son la mayoría, se tendrá que conformar con ser Asimilado a Fuera de Ordenación.

Sin solicitudes

Esto explica, en la misma semana que se conoce la dimisión del director de la Agencia de la Energía, Luciano González, por una investigación sobre una vivienda de su propiedad construida en suelo rústico, que tras dos años en vigor del Decreto 2/ 2012 las solicitudes de regularización presentadas por los afectados en los ayuntamientos de la provincia sean prácticamente insignificantes y por consiguiente apenas se hayan iniciado procesos. Un gigantesco fracaso si se tiene en cuenta que el número de edificaciones ilegales existentes en Málaga puede superar las 50.000 y que hasta principios de año sólo 35 de los 101 municipios malagueños habían identificado sus asentamientos en el campo, iniciando así el camino para facilitar las regularizaciones.

Según el Decreto de la Junta, en ausencia de PGOU los ayuntamientos deben elaborar un avance de planeamiento para identificar los asentamientos, documento que tendrá el carácter de ordenanza municipal, y que debe ser informado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Otra opción es que la identificación de los asentamientos y hábitats rurales diseminados se realice en los PGOU, mecanismo elegido por algunos ayuntamientos en un intento de recalificar los suelos en los que se ubican las casas ilegales, aunque no de manera gratuita, ya que los asentamientos deberán afrontar los gastos derivados de las infraestructuras de las cuales adolezcan, ya sean accesos, aceras e incluso saneamiento.

Pues bien, sólo un tercio de los ayuntamientos de la provincia habían iniciado hasta finales del pasado año los pasos dirigidos a adaptar su actual planeamiento urbanístico al Decreto 2/2012, inventariando las edificaciones irregulares, identificando los asentamientos y hábitats rurales diseminados y regulando las normas mínimas de habitabilidad y salubridad exigibles a las construcciones en suelo no urbanizable, así como elaborando las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa que permite a los propietarios de viviendas y edificaciones ilegales solicitar su regularización.

De estos 35 municipios que han iniciado los pasos para adaptar su planeamiento al decreto andaluz de regularización, 18 han sido para aprobar el avance de identificando sus asentamientos, 15 para decir que no lo necesitan y otros tantos para aprobar la ordenanza reguladora de las normas mínimas de habitabilidad, según los últimos datos facilitados por la Delegación Territorial de Agricultura y Ordenación del Territorio.

Ecologistas

Para el coordinador de Ecologistas en Acción en la provincia, Rafael Yus, «está claro que los ayuntamientos no le están poniendo ganas al desarrollo del Decreto de la Junta porque es impopular, entre otras razones porque supondrá un desembolso adicional para los afectados, que tendrán que pagar por la regularización, y porque saben que su aplicación terminara restándoles votos. La aplicación del decreto es costosa electoral y socialmente. Por esta razón hemos pedido en distintas ocasiones que las competencias en el suelo no urbanizable de los ayuntamientos pasen a la Junta».

Juan Antonio Blanco es propietario de una vivienda ilegal en Mijas que construyó con una licencia de apero y sobre la que pesa una orden de demolición. Blanco es presidente de la asociación por al Regularización de la Viviendas Irregulares de esta localidad de la Costa del Sol, donde asegura la mayor parte de las casas ilegales en el campo en este municipio son aperos convertidos en viviendas. «En unos casos los aperos se han ido ampliando hasta convertirse en viviendas y en otros se han hecho directamente con la licencia de apero, aunque siempre con la permisividad del Ayuntamiento de turno», explica.

«El Decreto no aporta soluciones a nuestro problema. En mi caso llevo gastos más de 30.000 euros y todavía no tengo garantizado que mi casa no la demuelan. Lo que estamos es esperando que la Junta de un paso adelante y que el Ayuntamiento, a través del nuevo PGOU, pueda darnos una solución», señala Blanco.

Pago de impuestos

A pesar de ser propietario de una casa ilegal, Blanco no se libra de pagar el IBI. Hace unos años consiguió darla de alta en el Catastro y desde entonces pagar religiosamente este impuesto. Su situación no es diferente a la de la inmensa mayoría de los propietarios de casas irregulares que existen en suelo no urbanizable de la provincia.

«No tiene que ver la legalidad. Es un bien inmueble que existe y deben pagar IBI», dice el alcalde de La Viñuela, el socialista José Juan Jiménez.

El Ayuntamiento de Alcaucín, sobre el que pesa la losa del 'caso Arcos' contra la corrupción urbanística en el que hay imputados medio centenar de personas, entre los que se encuentra el exalcalde socialista José Manuel Martín Alba, acaba de realizar una campaña para conseguir que las viviendas que todavía no se estaban dadas de alta en el Catastro lo hagan. «Hemos conseguido que unas 150 unidades más se hayan incorporado al padrón de este impuesto», señala el edil de Urbanismo, y miembro de la Asociación Save Our Home in Axarquía (SOHA) -en español Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía-, integrada por unos 400 residentes extranjeros, Mario Blancke. Este colectivo es uno de los que más se ha movido para exigir una amnistía por parte de la Junta a las viviendas en el campo.

Save Our Home in Axarquía, que agrupa a más de 400 ciudadanos extranjeros con viviendas irregulares en la comarca, han llegado a recurrir incluso al embajador británico en España, Simón Manley, para solicitarle que medie en la solución del problemas de las viviendas ilegales, aunque todavía sin resultados.

El discurso de este colectivo es que construyeron o compraron sus casas de buena fe, de ahí que no se sientan en absoluto satisfechos con la solución que les ofrece la Junta de Andalucía. «Los que tenemos licencias anuladas no podemos aspirar a la legalización y quienes no la tienen a lo más a lo que pueden aspirar es a que sean declaradas como asimilado a fuera de ordenación, algo con lo que no estamos de acuerdo», afirma de manera reiterada su presidente, el británico Philip Smalley.

Aunque conforme transcurre el tiempo se extiende el desencanto entre los afectados, estos no renuncian a seguir reclamando la legalización de las casas, a la vez que se resisten a pedir su regularización.