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Ley o delito, el pulso entre Alaya y Griñán

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Ley o delito, el pulso entre Alaya y Griñán

16.09.13 - 01:11 -
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Ley o delito, el pulso entre Alaya y Griñán
El expresidente andaluz José Antonio Griñán, durante la rueda de prensa en la que el jueves criticó el auto de Alaya que lo señala. :: Reuters

La juez instructora del caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público ha alcanzado la cúspide de la pirámide al poner negro sobre blanco la responsabilidad de la cúpula de la Junta en el escándalo de corrupción, si no por beneficiarse directamente, sí al menos por hacer la vista gorda. Además de aclarar las sobrecomisiones, los intrusos en las prejubilaciones y las subvenciones a 'amiguetes' del PSOE andaluz, Mercedes Alaya libra un tenso pulso con la administración regional socialista de la última década al entender que pervirtió un sistema de ayudas con una finalidad fraudulenta.

A finales de los noventa, la Junta encontró en el auxilio a empresas en crisis una vía para alcanzar la paz social y evitar conflictos con trabajadores que veían peligrar sus empleos. Sin ningún compromiso por parte de la empresa afectada, porque el coste lo asumía la Administración. La forma de agilizar esos pagos era mediante el mecanismo denominado «transferencias de financiación», un recurso legal habitual en todas las administraciones, aunque con fines distintos.

Según establece la ley, son «aquellas aportaciones dinerarias entre la administración de la Junta de Andalucía y otras administraciones públicas o entes públicos destinadas a financiar globalmente la actividad». Un destino muy alejado de ayudas sociolaborales como las prejubilaciones.

Al ser una suerte de créditos genéricos, el servicio de Intervención de la Junta se limitaba a aprobar el gasto, pero no fiscalizaba el destino final del dinero. Así, la Consejería de Empleo realizaba los trasvases a entes públicos como el IFA (Instituto Fomento Andaluz) o más tarde IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo), que sin supervisar los expedientes se limitaban a pagar las ayudas que ordenaba la Dirección General de Trabajo como si fueran subvenciones directas.

Según reflejan los investigadores en el sumario, el propósito era «prácticamente eliminar las posibilidades de fiscalización (...) facilitando así el descontrol absoluto de las ayudas». Hasta el año 2001 estas transferencias no se normalizaron incluyéndose en los Presupuestos regionales gracias a la aprobación de un convenio-marco ideado por el exconsejero Antonio Fernández -que estuvo encarcelado por este caso- y su antecesor y diputado nacional, José Antonio Viera.

La alegría y el descontrol a la hora de mover el dinero hicieron que los compromisos fueran a más, con lo que iban sucediéndose las modificaciones presupuestarias para engordar la partida inicial de la que se nutrían las ayudas, a la que el exdirector de Trabajo Javier Guerrero bautizó como 'fondo de reptiles'.

El fondo pasó en una década de 721 a casi 1.500 millones. Estas modificaciones, que debían ser aprobadas por la consejería de Hacienda -de ahí la hipotética responsabilidad de Magdalena Álvarez o José Antonio Griñán, ambos extitulares de esa cartera-, provocaron graves desfases presupuestarios, según alertó la Intervención General, que no obstante no detectó «menoscabo de fondos públicos».

Tras saltar el escándalo de corrupción en 2009, la Junta terminó por cambiar el sistema para establecer una mayor fiscalización y evitar un fraude que, de momento, se cifra en casi 140 millones de euros.

Dos enfoques

La pugna con la juez Alaya radica en que ésta predica la ilegalidad del sistema y que el uso del mecanismo de transferencias es «completamente inadecuado», encuadrando las ayudas a las regulaciones laborales como subvenciones excepcionales.

La Junta, por contra, critica la criminalización de un procedimiento cuando lo que habría es un uso fraudulento del mismo, aunque ya no reduce el problema a «cuatro golfos», como al principio. Y acusa a Alaya de vulnerar el principio de legalidad, dado que las transferencias están recogidas en la ley de Presupuestos que anualmente aprueba el Parlamento y la juez no es competente para cuestionar una norma autonómica. Llevando al absurdo el razonamiento de la juez, los socialistas esgrimen que deberían estar implicados todos los parlamentarios que aprobaron las cuentas autonómicas durante una década.

Por si fuera poco, la semana pasada Griñán aportó un nuevo elemento de debate, al recordar que la ley de Subvenciones, el marco general, se aprobó a finales de 2003, con lo que difícilmente el convenio autonómico de 2001 que amparaba las ayudas anómalas podía vulnerarla. Tanto él como Magdalena Álvarez insisten en que desde el área de Hacienda solo se aprobaba el gasto de Empleo, y que no eran responsables sobre el destino de unos fondos de otra consejería.

La Fiscalía Anticorrupción da parte de razón a ambas partes. Entiende lógico que la Justicia pueda tomar declaración a la cúpula política de las consejerías de Empleo, Hacienda, Economía e Innovación, y al presidente autonómico como responsable último, aunque, al tiempo, emplaza a Mercedes Alaya a demostrar el conocimiento del mal uso del fondo por parte de los imputados. Unos argumentos que, de momento, le ha dicho a la juez que no tiene o no ha desvelado.

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