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Los propietarios de viviendas ilegales llevan su lucha al Tribunal Europeo de Derechos

Axarquia

Los propietarios de viviendas ilegales llevan su lucha al Tribunal Europeo de Derechos

La Asociación Salvemos Nuestras Casas de la Axarquía respalda la demanda de un colectivo almeriense por el caso de una pareja de británicos

10.01.13 - 01:13 -
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La problemática del urbanismo irregular sigue sin resolverse un año después de la aprobación del decreto de regularización impulsado por la Junta de Andalucía. Los ayuntamientos no mueven ficha y son reacios a colaborar, aduciendo que no cuentan con medios humanos ni materiales para ello, mientras los propietarios se siguen quejando de que la normativa no resuelve los problemas, pues en la mayoría de los casos se trata de viviendas construidas con licencias municipales que luego fueron impugnadas por la Administración autonómica.
Por este motivo, y ante la falta de respuestas de las autoridades españolas, los colectivos de propietarios de viviendas en el campo, como Save Our Homes Axarquía (SOHA) -siglas en inglés de Salvemos Nuestras Casas-, han decidido recurrir a las autoridades judiciales europeas, en concreto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Así, el colectivo axárquico, que agrupa a unos 400 propietarios y compradores «de buena fe» van a respaldar económicamente la demanda que está ultimando la Asociación Abusos Urbanísticos de Almanzora (AUAN), de Almería, a raíz del caso de una pareja de británicos jubilados con residencia en Albox, que tienen una sentencia firme de derribo de su casa.
El letrado de los afectados, Gerardo Vázquez, aseguró ayer a SUR que en España «existe una patología jurídica debido a que el sistema normativo interno no protege adecuadamente el derecho básico y fundamental, el de la propiedad privada». El abogado añadió que esta «patología jurídica afecta a miles y miles de personas con licencias impugnadas ante los tribunales y otras situaciones legales, como problemas de expropiación urbanística.
Vázquez recordó que existe un movimiento similar en otras zonas del país, como Valencia, y apuntó el caso de William y Sonia Gale, una pareja de galeses que compró una vivienda en Benissa (Alicante), que ha presentado una solicitud ante la Corte Europea de Derechos Humanos contra España, al verse perjudicados por un PAI (Programa de Actuación Integrada), sobre una superficie de 250.000 metros cuadrados para edificar adosados aprobado por el Ayuntamiento.
En esta línea, el letrado recordó el caso de la mujer de 24 años que ocupaba irregularmente con sus dos hijos una vivienda vacía del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en Vallecas, cuyo desahucio ha sido paralizado de forma cautelar por el TEDH.
50.000 viviendas en Málaga
El presidente de SOHA y concejal del PA en el Ayuntamiento de La Viñuela, Philip Smalley, aseguró que esta es «una lucha de David y Goliat». «Esta pareja estaba a punto de darse por vencida cuando los miembros de AUAN y de SOHA pusimos nuestras manos en nuestros bolsillos para financiar la presentación de esta acción judicial», manifestó Smalley, quien aseguró que el decreto de la Junta «no ha servido para nada». En Andalucía se calcula que hay unas 300.000 viviendas fuera de ordenación, de las que 50.000 estarían en Málaga, y de estas, unas 11.000, en la Axarquía.
«Esto no se trata solo de una sola pareja o de un solo caso aislado. Se trata del principio fundamental de que una persona que haya actuado de buena fe no debe ser privada de su hogar, sin indemnización previa, como consecuencia de la acción, o de la inacción, del Estado español. Creemos que si esta pareja gana, ganamos todos», concluyó.
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