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PP y PSOE movilizan a colectivos ciudadanos por el uso de la cárcel

MÁLAGA

PP y PSOE movilizan a colectivos ciudadanos por el uso de la cárcel

Los socialistas lanzan una campaña para darle una utilidad pública y nace una plataforma a favor de la instalación de una universidad privada

01.11.12 - 01:19 -
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El futuro uso de los 14.000 metros cuadrados de la antigua cárcel provincial, enclavada en el corazón del distrito de Cruz del Humilladero de la capital y propiedad del Ayuntamiento, se halla en una encrucijada. Dos modelos, políticos y sociales, pugnan por imponer sus tesis. De un lado, el equipo de gobierno del PP en el Consistorio apuesta por destinar este inmueble a un uso privado con ciertas compensaciones para los habitantes de la zona. De otro, el PSOE aboga por dar un destino público a las instalaciones. Populares y socialistas han movilizado a colectivos ciudadanos situados en sus órbitas ideológicas para respaldar sus planteamientos.
Días después de que el asunto se abordara en el pleno municipal con una clara victoria de las tesis del PP, los socialistas llevaron ayer el debate a la calle. A las puertas del centro penitenciario abierto en 1933 y hoy abandonado, el grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga enarboló la bandera para exigir el uso público, ciudadano y gratuito de la vieja prisión con el lanzamiento de una campaña informativa donde también se denuncia el cambio de postura del equipo de gobierno del PP al apostar ahora por ceder las instalaciones a la Universidad Católica de Murcia (UCAM).
La portavoz socialista, María Gámez, acompañada de los concejales Manuel Hurtado, Francisco Conejo y Begoña Medina e integrantes de las Juventudes Socialistas repartieron octavillas, donde a través de recortes de prensa y bajo el refrán 'Donde dijo digo, digo Diego' ponen negro sobre blanco la variación de posturas sobre el uso de la vetusta prisión de dirigentes populares como la diputada Celia Villalobos, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, o la concejala del distrito Cruz del Humilladero, Teresa Porras, y el incumplimiento de los populares de su propio programa electoral -donde se defendía el uso público-. Asimismo, llevarán esta batalla a las redes sociales Facebook y Twitter a través de la etiqueta #Abramoslacarcel.
Llamamiento a la movilización
«Si no nos oponemos ahora a que la universidad privada o cualquier otra iniciativa privada entre por estas puertas, no saldrá en más de 20 años. Si los vecinos no salen para oponerse a este uso, lo perderemos para siempre. Hoy queremos estimular a la ciudadanía para que sepa que tiene una oportunidad y que si ahora no lo hace vamos a tener que sufrir el uso privado durante mucho tiempo», afirmó Gámez. En este sentido expuso que la crisis «no debe ser una excusa» para poner en manos privadas, terrenos públicos y se mostró a favor de que si el Ayuntamiento ahora mismo no tiene financiación para rehabilitar el inmueble y destinarlo a uso público ciudadano se deje en suspenso hasta la llegada de tiempos mejores. «Es mucho peor que nos tengamos que despedir de este espacio para siempre», apostilló.
Sobre las razones de la oposición del PSOE al uso privado de la antigua cárcel, María Gámez expuso que el distrito de Cruz del Humilladero está alta y densamente poblado y no tiene suficientes infraestructuras para atender las demandas ciudadanas; recordó que el uso ciudadano, público y gratuito de las instalaciones es un compromiso electoral de los socialistas; y sostuvo que los vecinos de la zona no se beneficiarán de la instalación de la UCAM porque muy pocos se podrían permitir ahora abonar los 6.000 euros anuales de la matrícula para estudiar en sus aulas.
Desde el equipo de gobierno del PP, la concejala del distrito de Cruz del Humilladero, Teresa Porras, avanzó a este periódico que la UCAM está dispuesta a que si se instala en los terrenos de la antigua prisión una parte de las instalaciones pueda ser utilizada por colectivos ciudadanos del barrio.
Porras subrayó que el Ayuntamiento «abre las puertas» a la universidad privada en los terrenos de la antigua prisión provincial. La concejala ensalzó que ese hecho supondrían revitalizar la hoy decaída actividad comercial en el distrito ya que la institución académico movería unas 7.000 personas y destacó que habría becas para que los vecinos de la zona pudieran estudiar en sus aulas.
Este miércoles se presentó una plataforma ciudadana, formada por una decena de las organizaciones vecinales y de comerciantes más representativas del barrio y afín a las tesis del PP, a favor de que la UCAM se instale en la antigua prisión. «Ya que supondrá un revulsivo económico para paliar el grado de desempleo que sufrimos en el barrio», aseguraron en una carta remitida al alcalde, el obispo, Jesús Catalá, la UCAM y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
Esta plataforma insta al Ayuntamiento a que «no deje pasar esta oportunidad ni otras que puedan surgir» porque permitirían la creación directa e indirecta de empleo en el barrio. Además, considera que hay espacio suficiente para albergar el uso universitario y espacio para colectivos ciudadanos. «Queremos hacer reflexionar a todos los grupos políticos para que podamos hacer realidad un proyecto que sin duda será un referente cultural, social y económico para el barrio y Málaga», añadieron.
Antonio Vega, el presidente de la asociación de vecinos La Cooperación -en la órbita socialista- abogó por el uso público de la vieja prisión. «Una universidad privada no es necesaria para los vecinos», sentenció.
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Gámez con concejales del PSOE y miembros de Juventudes Socialistas ante la prisión. :: ANTONIO SALAS

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