Los responsables de la constructora-promotora Grupo Mirador, los hermanos Enrique y Leopoldo Faura, serán juzgados mañana de un delito de fraude a la Seguridad Social y otro de insolvencia punible por no hacer frente, presuntamente, al pago de cuotas que ascienden a 2,4 millones de euros y ocultar bienes y patrimonio aparentando una situación de insolvencia. El Ministerio Público pide una pena de seis años y medio de cárcel y multa de cuatro millones de euros para cada uno, así como el pago de una indemnización de 2.427.745 euros a la Tesorería de la Seguridad Social.
El Juzgado de lo Penal número 14 juzgará mañana la actuación de los dos hermanos al frente de las distintas sociedades que componen el Grupo Mirador que, según la Fiscalía de Delitos Económicos, se ha caracterizado por «un nulo o muy escaso cumplimiento de la normativa mercantil en el funcionamiento de las sociedades». Como ejemplo se refiere a que el grupo sólo reflejó hasta el ejercicio 2004 las cuentas anuales en el Registro Mercantil y que desde ese año ha omitido la legalización de los libros de contabilidad, lo que ha provocado que el citado registro haya cerrado los asientos respecto de 15 entidades.
Los dos hermanos procesados han venido desarrollando, según el fiscal, «una estrategia dirigida a incumplir sistemáticamente sus obligaciones con la Seguridad Social». En ese sentido, afirma que pese a que todas las sociedades del grupo requieren de trabajadores por cuenta ajena, éstos sólo eran contratados por cuatro mercantiles «sin que, por regla general, ingresaran la cuotas empresariales ni obreras». Asimismo, asegura que los acusados «de forma intencionada» dieron de alta a los trabajadores en aquellas sociedades con un menor capital y que carecen de patrimonio y constituyeron una mercantil ocultando que ellos eran los titulares reales haciendo figurar como socios a empleados de otras entidades del grupo. Los trabajadores de estas cuatro sociedades prestaban sus servicios indistintamente en cualquiera de las sociedades Mirador, llegando los acusados, incluso, a trasvasar empleados de una empresa a otra, de tal forma, que cuando la primera de ellas acumulaba cuantiosas deudas se transferían a la siguiente. El fiscal afirma que entre agosto de 2002 y junio de 2008 tres de las cuatro sociedades del Grupo Mirador dadas de alta en la Seguridad Social acumularon una deuda total de 2.674.978 euros.
La acusación pública añade que los dos hermanos «utilizaban distintos ardides para evitar que la Seguridad Social se pudiera cobrar la deuda» contraída con ella. Así, en unas ocasiones «ocultaban la existencia de inmuebles propiedad de las sociedades deudoras», evitando que aparecieran en el Registro de la Propiedad, y en otras realizaban sucesivas transmisiones de los inmuebles a distintas sociedades del grupo para dificultar la localización de los bienes, como es el caso de una finca que fue transmitida de una empresa a otra el mismo día; dos años después vendida a otra sociedad del mismo grupo y otros dos años más tarde revendida nuevamente. De esta manera, la finca no llegó a permanecer en el Registro de la Propiedad un solo día a nombre de la empresa que tenía la deuda con la Seguridad Social.
