El alcalde de Estepona, José María García Urbano, remitió ayer una carta a la delegada provincial del Gobierno andaluz, Remedios Martel, para solicitarle «a la mayor brevedad posible» que le remita el escrito que envió el secretario adjunto del Ayuntamiento a la Administración autonómica, del cual se hizo eco la semana pasada este periódico. En el documento, el secretario adjunto denunciaba que se le había «apartado» de la Secretaría General del Ayuntamiento y aseguraba que se le había «negado» información municipal necesaria para poder desempeñar su trabajo.
Así, el habilitado nacional observó por escrito que esta supuesta situación afectaría a competencias que corresponden a la Administración autonómica. García Urbano subrayó ayer que las declaraciones del secretario adjunto son «sorprendentes e irreales» y que «ponen en cuestión el buen hacer y la más absoluta observancia de la legalidad en el trabajo diario».
Así, el primer edil señaló que «por la gravedad de lo sucedido urge a la Alcaldía, de una parte, justificar debidamente ante la Junta de Andalucía la absoluta legalidad de cualquier actuación relatada en el escrito del secretario adjunto, y de otra, adoptar las medidas que en respuesta a lo acontecido procedan».
El secretario adjunto aseveró en el escrito que el alcalde le apartó de las funciones que desempeñaba en materia de contratación. Además, subrayó que con ello se había eliminado «la posibilidad de cualquier control interno sobre los expedientes de contratación por parte de los habilitados nacionales» por la designación para estas tareas de una letrada. Al margen del referido escrito a la Junta, el primer edil manifestó precisamente su sorpresa por las declaraciones del secretario adjunto, sobre las cuales opinó que «podrían estar motivadas por la mala relación personal existente entre éste y las letradas del departamento de contratación». Así, apuntó que «las mismas hace años presentaron una denuncia administrativa de carácter disciplinario contra el mismo». Por otra parte, consideró que podrían estar causadas «por la decisión de este gobierno de mantener y reforzar la labor de las indicadas letradas».
Situaciones antiguas
El secretario adjunto apuntó en el escrito que los intentos por corregir supuestas deficiencias en este departamento habían sido en vano. Desde el Ayuntamiento señalaron que los presuntos hechos que describió y que fueron publicados parecen referirse a situaciones vividas con anteriores gobiernos municipales, cuando él se ocupaba del departamento de contratación. Así, el alcalde apuntó que esto «nada tiene que ver con el actual funcionamiento de este departamento, sorprendiendo aún más que haya podido realizar ahora estas manifestaciones».
Por otra parte, en relación a las declaraciones vertidas sobre el desarrollo de una Junta de Gobierno Local, sobre el que dudó el secretario adjunto, el primer edil explicó que fue una sesión de trámite, en la que se daba cumplimiento a lo acordado con anterioridad en mesa de contratación sobre la adjudicación de la prestación de servicios municipales de alcantarillado y limpieza de edificios municipales. El alcalde señaló que a este respecto, por ejemplo, se requirió a una empresa previamente seleccionada para que aportase la pertinente documentación administrativa de hallarse al corriente con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
