El secretario adjunto del Ayuntamiento de Estepona, José Manuel Duarte, ha remitido un escrito a la atención de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el que denuncia presuntas irregularidades cometidas en el Consistorio. El 27 de enero la Consejería de Gobernación y Justicia registró la recepción del documento, al que ha tenido acceso este periódico. En él, el habilitado nacional observa que estas supuestas irregularidades afectan a competencias que corresponden a la Administración autonómica, competente en materia reguladora de los funcionarios con habilitación de carácter estatal y, en general, sobre el régimen local. Fuentes municipales afirmaron que el contenido del escrito no se ajusta a la realidad, que el Ayuntamiento reflexionará sobre el mismo y que se tomarán las medidas que procedan.
El secretario adjunto resume en el texto que se le ha «apartado» de la Secretaría General del Ayuntamiento y asegura que se le «niega» toda información municipal, lo que, según indica, le impide desempeñar su función.
A continuación describe el transcurso de una Junta de Gobierno Local a la que dice haber acudido porque estaba de vacaciones el Secretario General, celebrada el pasado día 4 de enero. Así, afirma que según lo acontecido comunicó sus dudas sobre la validez del proceso de aprobación de la privatización de los servicios públicos de alcantarillado y limpieza de edificios. «Cuando llegué, comprobé que de los siete miembros de la Junta de Gobierno Local, además del alcalde, tres estaban ausentes y no habían sido convocados como se podía observar de la documentación del expediente, así que le expuse a los presentes mis dudas acerca de la convocatoria y, en consecuencia, de la validez de lo que allí se aprobara», relató.
Duarte explica en el documento que entonces manifestó que haría constar en acta que declinaba cualquier responsabilidad sobre los expedientes porque no había tenido posibilidad de mirarlos.
Posteriormente el secretario adjunto expone que al día siguiente se negó a firmar los certificados de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local porque «no reflejaban fielmente los acuerdos». Así, especifica que remitió al alcalde, José María García Urbano, el acta que él redactó junto con los certificados, todo ello firmado, y que rogó que el regidor le diera el visto bueno.
Acto seguido el secretario adjunto acusa al primer edil de negarse a firmar el contenido del que él había «dado fe». «En cambio me envía firmado por él un extracto de acta y certificados de los acuerdos donde no aparecen reflejadas mis objeciones», manifiesta, a la par que considera: «esta actitud supone cuestionar mis funciones de fedatario público, además de impedirme cumplir mis obligaciones legales de remitir las actas al Estado y a la Junta. Ignoro si el citado acta ha sido remitido a estos órganos».
Contratación
Por otra parte, el habilitado nacional también afirma que el alcalde le apartó de las funciones que desempeñaba en materia de contratación. Luego asevera que con ello se había eliminado «la posibilidad de cualquier control interno sobre los expedientes de contratación por parte de los habilitados nacionales» por la designación para estas tareas de una letrada. Según indica los intentos por corregir supuestas deficiencias en este departamento habían sido en vano, y entre otras destacó «la filtración de información interna a particulares interesados en las licitaciones».
El secretario adjunto, además, asevera que se le encomendó dedicarse a temas relacionados con el patrimonio municipal y que requeririó medios personales, técnicos y materiales, pero que no obtuvo respuesta.
