El Ayuntamiento tiene declarada la guerra al fraude fiscal. Trabajadores municipales han realizado una ardua tarea para localizar a aquellos que no contribuyen en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como les corresponde. En concreto, el departamento de Catastro ha comparado los planos catastrales del municipio con la realidad de las viviendas edificadas para detectar los inmuebles que no están registrados en el censo catastral y se encuentran sin tributar.
El objetivo del Consistorio es que más vecinos paguen este impuesto para que sea más justo y que los que contribuyen no tengan que abonar una cantidad más alta. El concejal del área Económica, Manuel Aguilar, indicó ayer que el plan de lucha contra el fraude fiscal lo puso en marcha el equipo de gobierno al inicio de su mandato y que ya ha logrado solo con las inspecciones sobre el IBI un total de 11.920 nuevas altas de inmuebles que hasta ahora no estaban tributando, y que en algunos casos acumulan retrasos de varios ejercicios.
Algunas de estas personas ya han pagado y otras tendrán que hacerlo próximamente. En total, las arcas municipales se oxigenarán con 5,9 millones de euros recaudados en estos momentos de dificultades económicas. Además, estas nuevas altas fiscales posibilitarán a partir de ahora incrementar el padrón de inmuebles y aumentar en cerca de dos millones de euros la recaudación anual por este impuesto.
El concejal consideró que esta labor que ha llevado a cabo el Consistorio es por una cuestión de justicia fiscal. «Para que seamos todos los que paguemos», concluyó el edil. La tarea sigue y el Ayuntamiento tiene la intención de dar de alta a todos los inmuebles del término municipal. Asimismo, el concejal anunció que el Ayuntamiento extenderá este control fiscal a otros tributos como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y las tasas por apertura de establecimientos y por ocupación de la vía pública.
