La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) quiso responder a la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, por las declaraciones que realizó en las que comparaba la ampliación del puerto de Benalmádena con la de la localidad aún pendiente, en su discurso, la mandataria aseguraba sufrir «agravio político». En este sentido, desde el organismo público se recrimina que el Consistorio acabó con un principio de acuerdo en el que se comprometía a buscar inversores privados para hacer frente a la remodelación.
Al respecto, desde la agencia dependiente de la Junta de Andalucía ,se apuntó que el pasado mes de junio «se alcanzó un principio de acuerdo, propuesto por el Ayuntamiento, sobre la fórmula para hacer viable el proyecto. Era un convenio entre las administraciones para delegar en el Consistorio las actuaciones, encargándose la administración local de aportar inversores privados y negociar directamente el rescate con los afectados». Aún así, «en septiembre el Consistorio se echó atrás en ese principio de acuerdo, eximiéndose de la responsabilidad de aportar inversor a la ampliación y asignando a la APPA la obligación de rescatar las concesiones, cuestión de responsabilidad municipal», apuntaron.
Desde la administración local aclararon que se rompió ese preacuerdo porque para el Ayuntamiento «es imprescindible obtener primero la concesión para posteriormente buscar inversores privados a través de un concurso público, lo contrario sería casi una adjudicación a dedo». En referencia a este trámite, fuentes municipales apuntaron que «la Junta se niega a otorgarla, cuando en Benalmádena sí se ha concedido».
«Actuación diligente»
Por otra parte, desde el organismo andaluz se recordó que el Ayuntamiento de Fuengirola ostenta la concesión de la mayor parte de la superficie en tierra y agua del puerto desde 1985. «En 2004 solicitó la ampliación del puerto, y la Agencia ha actuado diligentemente, elaborando primero el proyecto básico, obteniendo más tarde la declaración de impacto ambiental positiva y el informe favorable de Costas para la adscripción de aguas», aseguraron, al tiempo que recordaron que «el proyecto básico fue aprobado finalmente a lo largo de 2010».
