Alberto Ruiz-Gallardón se ha propuesto cambiar a fondo el sistema judicial español. O, al menos, intentarlo. La última propuesta es paliar la congestión que sufren numerosos tribunales, atascados por miles de causas pendientes, sobre todo los de primera instancia. Para mermar esta carga de trabajo, el ministro de Justicia propuso ayer que los notarios tengan la posibilidad de casar y disolver matrimonios, siempre y cuando se produzcan de mutuo acuerdo. Ruiz-Gallardón explicó ayer que «no tiene sentido» que un trámite como una separación definitiva y pactada «no pueda ser formalizada directamente ante notario». En cualquier caso, los jueces podrán seguir casando.
En este objetivo de descargar de trabajo a los tribunales, el ministro de Justicia puso como ejemplo a los alcaldes, que pueden autorizar uniones civiles. «Lo mismo pasa con relación al matrimonio. De la misma forma que los alcaldes pueden autorizar matrimonios, ¿por qué la única alternativa es llevarlo ante los funcionarios al Registro Civil y no podemos permitir que un notario autorice un matrimonio o divorcios», se preguntó el exalcalde de Madrid. «Asuntos que en este momento están atascados ante los tribunales los vamos a resolver, con plena garantía para los ciudadanos, ante otros funcionarios, ante otros organismos», explicó Ruiz-Gallardón en una entrevista en la Cope.
Asimismo defendió la capacidad de los notarios para asumir esta nueva responsabilidad. «Lo que tenemos que hacer es encargarles a esas personas muchas tareas que en este momento están colapsando los tribunales», indicó el ministro de Justicia, que recordó que España tiene tres millones más de litigios que Francia con un tercio de población menos. Esta medida se incluirá dentro de la ley de mediación y jurisdicción voluntaria que, de momento, carece de calendario.
División
La sorprendente propuesta del ministro fue recibida con el pie cambiado por las asociaciones de jueces y abogados. El único que aplaudió de forma abierta esta idea fue el Consejo de Notarios. Consideró que estos profesionales están en una situación ideal para tramitar las uniones civiles o los divorcios. Eso sí, «siempre que sea de mutuo acuerdo, que no afecten a los derechos de menores y con total respeto a las competencias de los jueces». El Consejo no escondió que esta medida ayudará de forma clara al sector, que ha visto cómo desde el inicio de la crisis sus ingresos han descendido un 70%. «Si no se adoptan medidas podría ponerse en peligro la viabilidad del sistema notarial, que se financia íntegramente con los aranceles notariales que pagan los usuarios del mismo, sin cargo alguno para los presupuestos del Estado», apuntó.
En cambio, la asociación Jueces para la Democracia consideró que esta decisión lo único que va a hacer es encarecer un servicio y «privatizar» ciertas prestaciones. «La atribución de competencias a registradores y notarios puede implicar de hecho un encarecimiento de estos servicios», avisa esta organización de magistrados progresistas, que también criticó las medidas anunciadas por el ministro de Justicia, ya que tienen un efecto «populista». «Parece promover una Justicia apresurada y previo pago de quien tenga recursos para pagársela», indicó Jueces para la Democracia en un comunicado. «Las propuestas más bien parecen buscar titulares», añadió.
También se mostró muy escéptica otra organización de magistrados. La asociación de jueces Francisco de Vitoria apuntó que su trabajo mermará, aunque no mucho. Sobre todo, recalcó, repercutirá en los bolsillos. Más beligerante se mostró el Sindicato de Secretarios Judiciales (Siseg), que afirmó que la administración de Justicia necesita una reforma «cualitativa y no cuantitativa» y se mostró muy escéptico hacia estas medidas. Asimismo, aseguró que los propios sindicatos son capaces de asumir el trabajo que Ruiz-Gallardón quiere conceder a los notarios españoles. «Se garantizaría la prestación del servicio público para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su capacidad económica, y siempre mediante una oficina dotada de una agenda programada de señalamientos. Los secretarios judiciales estamos perfectamente capacitados y dispuestos para asumirlo con coste cero para la ciudadanía», señalaron.
