En una rápida radiografía del asunto, el problema de la droga intervenida, en el caso de Málaga, es el siguiente: cuarteles y comisarías atestadas por los alijos que decomisan sus agentes; el depósito de Sanidad Exterior, convertido en un embudo donde entran más kilos de los que salen; largos traslados por carretera para su destrucción en hornos de otras provincias; y el evidente peligro que supone guardar en un edificio público decenas de toneladas de estupefacientes con un valor millonario en el mercado del narcotráfico. Un riesgo este último que el pasado noviembre se tornó en realidad con el asalto al almacén del puerto.
El Ministerio del Interior parece haber tomado nota de estos precedentes y ha decidido cambiar el proceso que se sigue para la destrucción de las sustancias incautadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado en su quehacer diario. Así lo anunció ayer en el Congreso el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz, quien afirmó que se fijará un protocolo «expeditivo» pero que, al mismo tiempo, salvaguarde todas las garantías procesales que requieren estos asuntos.
Cuarteles atestados
El problema del almacenaje de la droga incautada no es nuevo. SUR publicó el 9 de mayo de 2010 que los cuarteles de la provincia se encontraban saturados -en esos momentos, almacenaban más de 23.000 kilos de estupefacientes- por la lentitud en la eliminación de las partidas intervenidas. El asunto se trató entonces en la mesa de coordinación de Policía Judicial, alrededor de la cual se sentaron el presidente de la Audiencia Provincial, el fiscal jefe, los jueces decanos de Málaga y Melilla y los principales mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Autonómica.
Año y medio después, el depósito de la droga del puerto fue asaltado por una banda de ladrones que consiguió burlar todas las medidas de seguridad del recinto. Los cacos llegaron hasta el corazón del almacén y reventaron con una lanza térmica la cámara acorazada donde se guardaban 300 kilos de estupefacientes en polvo, principalmente heroína y cocaína. La policía creó un equipo de trabajo multidisciplinar para esclarecer el espectacular golpe, que aún sigue bajo investigación.
Para entonces, la saturación de dependencias policiales convertidas en improvisados almacenes de droga se había aliviado ligeramente. Cuando se produjo el robo, los cuarteles de la Guardia Civil guardaban unos 15.000 kilos, mientras que las comisarías tenían alrededor de cinco toneladas.
Tras el asalto, la Unidad de Sanidad Exterior, que gestiona el depósito, comenzó el inventario de la mercancía para averiguar la cantidad sustraída, lo que implicaba el recuento pormenorizado y análisis de cada una de las partidas que allí se almacenaban. Las fuentes consultadas aseguraron que ese tedioso proceso, que se prolongó durante semanas, volvió a ralentizar el ritmo de destrucción de los alijos, aunque matizaron que poco a poco se ha ido recuperando la normalidad.
