La factura de los excesos de ruidos de El Copo no deja de subir. La sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto por el que exige al Ayuntamiento que informe sobre la actividad de los establecimientos de El Copo, si disponen de licencia y de los niveles de ruidos que emite. La medida tienen como finalidad decidir una nueva indemnización desde que se dictara la primera sentencia en 2003 hasta la culminación definitiva de los problemas de contaminación acústica en la zona,
Los vecinos han solicitado de manera reiterada al TSJA que fije de un a vez por todas esa segunda indemnización. Por esta razón el tribunal ha requerido al Ayuntamiento para que en el plazo máximo de 15 días la secretaria municipal de la corporación emita un informe sobre si los locales de El Copo tienen licencia y su titular. Asimismo solicita que por parte de la Policía Local se informe sobre la actividad que ejercen los establecimientos que permanecen abiertos, si la misma se corresponden con la licencia municipal que tienen otorgada y por supuesto los niveles de ruidos que emiten y si sobrepasan los límites establecidos por la legislación.
Previamente, el TSJA exigió de los vecinos un informe sobre si los ruidos y problemas con los locales de El Copo continúan. Dicho informe fue elaborado por un perito privado contratado por los propietarios de viviendas a principio de noviembre de 2011. Los vecinos mantienen que la problemática persiste.
Según el alcalde, Francisco Delgado Bonilla (PP), la situación ha cambiado radicalmente, hasta el punto de que el pasado verano la Policía Local eliminó el botellón en la zona del paseo marítimo más próxima a El Copo.
El Consistorio fue condenado en 2003 por el TSJA a indemnizar con 156.000 euros a cada uno de los 18 propietarios de viviendas de los edificios Ipanema de Torre del Mar que acudieron a los tribunales para denunciar los excesos de ruidos de El Copo. Aunque el falo fue recurrido, en 2008 el Tribunal Supremo (TS) decidía ratificar la misma fijando una indemnización económica global de 2.800.000 euros. Este mismo tribunal estableció una segunda indemnización variable que consiste en 12.000 euros anuales para cada uno de los 18 propietarios a partir de 2003 y hasta la culminación de todos los problemas de ruidos en la zona, concepto por el cual los propietarios de la viviendas reclaman 1.514.550 euros más, incluido intereses.
