Se intensifica la presión para que Mariano Rajoy apruebe su reforma aboral. El paro, convertido en uno de los grandes lastres de Europa, atenaza a varios Ejecutivos, algunos de los cuales ya han movido ficha. Francia y Portugal han sido los primeros en explorar una senda a la que España está condenada. Nicolás Sarkozy anunció ayer medidas «radicales» para frenar el desempleo, centradas en el impulso del empleo a tiempo parcial y la formación. Lisboa, por su parte, dio luz verde a un contestado programa de ajustes que pasa, entre otras cosas, por reducir las indemnizaciones por despido y las vacaciones.
Rajoy ya tiene donde mirar. Nicolas Sarkozy, que se reunió con los agentes sociales durante más de cuatro horas, explicó después lo indefectible del ajuste, con continuas referencias a Alemania como el espejo en el que mirarse y aprender. Pasó, sin embargo, de puntillas sobre los aspectos más polémicos, una eventual subida del IVA para, con esos ingresos, rebajar las cotizaciones empresariales en pro de la contratación y la moderación salarial.
El presidente francés, que vive en el filo de la navaja a menos de cien días de las elecciones presidenciales, apuntó que aportará más detalles en una comparecencia pública prevista para finales de este mes. Lo que sí adelantó fue su determinación por contener un paro creciente en una Francia que pierde fuelle. Y advirtió a los agentes sociales que no le temblará el pulso: «probablemente no estaremos de acuerdo en todo, ustedes tienen sus convicciones y yo, las mías; la democracia consiste en respetarse y decirse la verdad».
Dictados europeos
Portugal, azotado por la crisis de deuda desde hace ya tiempo y después de haber seguido los dictados europeos, traducidos en varios planes de ajuste, sigue apretándose el cinturón. El Ejecutivo del conservador Pedro Passos Coelho ha firmado con la patronal y el sindicato UGT una nueva vuelta de tuerca. Como contrapartida, se entierra una medida anunciada hace unos meses y que causó gran revuelo: la posibilidad de que las empresas pudieran exigir media hora más de trabajo gratuito al día. Entre las medidas adoptadas, la supresión de los tres días que los empleadores podían conceder a sus plantillas como 'premio' por su asistencia al trabajo o la reducción de los festivos.
