Año y medio después de la entrada en vigor del llamado 'desahucio exprés', la realidad de los juzgados ha dejado en papel mojado el cambio legal con el que se pretendía agilizar el proceso judicial para desalojar a los inquilinos morosos y dinamizar, supuestamente, el mercado de alquiler. La falta de medios humanos del servicio judicial que practica los conocidos en el argot jurídico como lanzamientos impide que las peticiones de desalojo se puedan tramitar con la celeridad prevista. En la capital, desde que se presenta la demanda hasta que se produce el desahucio pasan como mínimo seis meses, según los abogados consultados, muy lejos de los sesenta días que se puso como meta en la reforma legal que comenzó a funcionar en diciembre de 2010.
Todo esto se produce coincidiendo con un aumento de la morosidad en el pago de los arrendamientos como consecuencia de la crisis económica, lo que ha provocado un crecimiento de las demandas de desahucio en los juzgados. En 2010 se contabilizaron un total de 1.116, cifra que se superará a final de este ejercicio, cuyo primer semestre acabó con 611 demandas.
¿Pero qué ha pasado? La letrada María González lo explica con un ejemplo: «Se cambió una carretera secundaria por una autopista, pero al final desembocaba en otra secundaria con solo un carril». Es decir se acortaron los plazos y se eliminaron trámites en la ley para que las demandas fueran más rápidas, pero no se contó con el cuello de botella que se forma los servicios judiciales que deben efectuar los desahucios.
La misma plantilla
Así es. El Servicio Común de Actos de Comunicaciones (SCAC) de Málaga, dependiente del Juzgado Decano y compuesto por funcionarios encargados de registrar y notificar todas las comunicaciones judiciales, entre ellas los desahucios cuenta con una plantilla de 33 funcionarios. Es la misma desde el año 2000 cuando daba servicio a 26 juzgados. Ahora, once años después, lo hacen para cerca de 80. «Por mucho que queramos no podemos hacer más ni ir más deprisa. No podemos multiplicarnos», explica un funcionario. El año pasado el SCAC contó con un refuerzo (los funcionarios doblaron turnos y trabajaron por las tardes) lo que alivió un tanto la situación, pero en 2011 se terminó. Ya no quedaba presupuesto para continuar.
En la agenda de señalamientos de lanzamientos del SCAC, la espera, con suerte, no baja de cinco meses. «Las peticiones de lanzamiento que entraron el pasado mes junio se estaban fijando ya para enero de 2012 (hay que contar con el mes de agosto es inhábil) y en julio y septiembre todavía hay personal de vacaciones», explica la secretaria del servicio Pilar Martín. En la capital se llevan a cabo cada semana una treintena de desalojos, según Martín, de los que veinte son de inquilinos que no pagaron la renta y los diez restantes corresponden a pisos embargados por los bancos por impago de hipotecas. Cuatro o cinco comisiones judiciales, formadas por dos funcionarios cada una, salen a diario a la calle para ejecutar los lanzamientos.
Los desahucios tienen un tratamiento especial, un turno específico de señalamiento de juicios (días reservados de antemano en el calendario para la vista oral), por lo que en la práctica no se ven del todo afectados por la gran cantidad de trabajo que acumulan las oficinas judiciales de primera instancia de la capital.
Una vez llega la demanda al juzgado se señala juicio y se comunica al SCAC para que se le notifique al demandado y este servicio señala el día del lanzamiento. «Los retrasos empiezan con la notificación al afectado por el desahucio, porque tramitación apenas existe. Entonces todo se retrasa. Pero, si no hay problemas a los dos meses y medio de recibir aquí la demanda se celebra el juicio y la sentencia es inmediata. Además no hay que publicarla, basta con un edicto», explica Antonio Salto, secretario judicial. Este operador jurídico llama la atención también sobre la saturación del servicio donde se registran las demandas, del Decanato encargado también de dirigirlas y entregarlas en los juzgados. «Tan solo nos separa físicamente una planta, pero la demanda tarda unos 15 días en pasar de un lado a otro», precisa.
Para Luis Ignacio Alonso, abogado especialista en Propiedad Horizontal, «la ley era buena», pero choca de pleno con el atasco y los retrasos para citar la demandado. «La solución -apunta Alonso- puede estar en habilitar judicialmente a los procuradores para que puedan realizar notificaciones como si fueran funcionarios; con esto se agilizaría mucho todo el proceso».
En los últimos meses el movimiento de los 'indignados' ha puesto en el foco infomativo los desahucios consiguiendo aplazar el desalojo de dos familias en Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria. El colectivo critica, sobre todo, la conducta de los bancos que despojan de su vivienda a familias afectadas por la crisis que no han podido pagar la hipoteca, pero también los desahucios provocados por el impago de alquileres. En este caso piden que el Estado proteja a estas personas con medidas sociales.
Los 'indignados' han conseguido un aliado inesperado en Valencia: los funcionarios de los juzgados han pedido que mientras dure el colpaso económico se paralicen los desalojos, una de las principales reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), junto con la propuesta de que la entrega de la vivienda al banco salde la deuda de la hipoteca. En Málaga, este colectivo quiere conseguir el apoyo de los desbordados funcionarios de Justicia.
