La Fiscalía de Málaga ha mantenido la acusación y la pena de inhabilitación solicitada para la exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, por supuestamente intentar ocultar un atestado policial, y ha elevado las penas solicitadas para otros dos agentes de la Policía Local marbellí, entre ellos el que fuera jefe de este cuerpo policial, Rafael del Pozo.
Además, el fiscal ha pedido prisión para un tercer agente procesado y ha retirado la acusación para otro policía local de Marbella, que fue el que denunció el caso. El juicio, que comenzó el pasado día 4 de este mes en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga, quedó ayer visto para sentencia tras declarar todos los testigos, incluido el periodista deportivo José María García.
El ministerio público mantiene acusada a Yagüe por un delito de omisión del deber de impedir delitos, al considerar que «hizo gestiones e impartió órdenes para ocultar» un atestado por delito de tráfico sobre el sobrino de García e impedir que éste llegara al juzgado. Solicita una pena de nueve meses de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público. La exregidora aseguró la pasada semana que no tuvo nada que ver y que «nunca» ha puesto a nadie «en el compromiso de parar algo». «Ni yo me lo permitiría como persona», añadió, después de que uno de los policías que actuaron declarase que recibió una llamada de la entonces regidora en la que le preguntaba «si podía hacer algo» por el detenido. La defensa de Yagüe sostiene que no dio órdenes, ni siquiera se produjo la llamada, aunque apuntó que no es delito «llamar para interesarse».
García niega los hechos
El periodista deportivo José María García, que compareció ayer como testigo, indicó que no llamó a la alcaldesa para que intercediera, aunque reconoció que si hubiera sido necesario, lo habría hecho. Sí aseguró que telefoneó a la jefatura de Policía Local, donde le comunicaron que podía pasar a recoger a su sobrino. «Llamé a la Policía Local como cualquier mortal», indicó.
El fiscal acusa al exjefe de la Policía Local, Rafael Del Pozo, y a otro agente por un delito de omisión de impedir delitos en concurso con otro continuado de infidelidad en la custodia de documentos, solicitando ahora para cada uno cuatro años de prisión -antes pedía tres-, inhabilitación especial para empleo y cargo público, en especial de funcionario de Policía o relacionado con la seguridad pública, durante seis años y multa de 10.800 euros.
En el caso concreto de Del Pozo, el ministerio público señala en su escrito definitivo -al que tuvo acceso Europa Press- que dio órdenes para ocultar dos de los tres los atestados, en concreto uno por delito de tráfico abierto al fotógrafo Diego Arrabal y otro de falsificación y malversación.
