En septiembre empezarán a repartirse los cheques libro en los centros educativos de Primaria y Secundaria. Este año, la Consejería de Educación invertirá 85 millones de euros en el plan de gratuidad de los libros de texto, de los que 14 millones aproximadamente serán para la provincia. Este próximo curso toca renovar los manuales de 1.º y 2.º de Primaria -que se cambian anualmente- y los de 1.º y 3.º de Secundaria. El resto de cursos reutilizarán los del pasado año.
Pero este mismo mes, muchas AMPAS de centros públicos y colegios concertados reunían a los padres de los alumnos para gestionar la adquisición de los libros de texto que luego canjearán por la subvención. Se trata de una realidad cada vez más habitual. Al menos hasta ahora. Las AMPAS o las direcciones de los centros concertados ofertan a los padres el lote completo de los manuales exigidos, además del material complementario como libros de fichas, material de lectura, libretas, ropa deportiva e incluso uniformes.
El objetivo es facilitar el trabajo a los padres y ofrecerles todo el material de una sola vez. Pero los libreros denuncian que se trata de competencia desleal y advierten de que los centros no pueden vender los libros de texto ni gestionar de forma colectiva los cheques libro para sacar provecho sin una licencia. «Hemos pedido a la Junta de Andalucía que elabore una normativa más dura contra esta costumbre que, según calculamos, está implantada en el 60% de los centros concertados y que supone pérdidas del 20% de nuestra facturación por libros de texto», indica Juan Manuel Cruz, presidente de la Federación Andaluza de Libreros y copropietario de Rayuela.
Para Cruz, esta práctica no es desinteresada. AMPAS y centros, explica, negocian directamente con las editoriales y se quedan con el margen de beneficio que, de otra forma, iría a parar a la librería. «Eliminan al intermediario pero luego la mayoría no declara esa actividad económica, lo que supone un fraude a Hacienda», recalca.
María José Fajardo, presidenta de la Federación de Padres y Madres de Alumnos (Fedapa), corrobora que en los últimos años muchas AMPAS han gestionado la adquisición de los libros y material escolar, algo que, afirma, en los concertados está todavía más implantado. En muchos casos, los socios del AMPA pueden beneficiarse incluso de descuentos en el material.
Intervención de la Junta
Por eso, la Consejería de Educación ha incluido este año un apartado en el reglamento de uso del cheque libro en el que advierte expresamente que este tipo de prácticas estarán perseguidas. En la ley, se establece que la entrega del cheque libro debe hacerse de forma directa e individual a los tutores del alumno para que las familias elijan libremente la librería o establecimiento comercial donde deseen canjearlo. Y todavía es más explícita: «Se pondrá especial atención a que las ofertas comerciales o beneficios en la utilización de los cheques libro repercuta directa y exclusivamente en el centro educativo y en el programa de gratuidad, no estando permitida la gestión de las ayudas por parte de AMPAS, asociaciones o los propios centros educativos que puedan obtener beneficios de algún tipo que se deriven de esta gestión para destinarlos a un gasto diferente al programa de gratuidad de libros».
Fajardo señala que muchas AMPAS ya están anunciando a los padres que no realizarán esta labor el próximo curso. Aunque también apunta otra opción: Si la AMPA se convierte en una empresa y declara fiscalmente esos beneficios no habría problema, sería como si gestionasen las actividades extraescolares, algo que se hace en muchos casos, dice.
Los centros concertados consultados por este periódico, por su parte, aseguran que tienen todas las licencias de venta de material escolar en regla y que su objetivo no es sacar beneficio con los cheques libro, sino ofrecer un servicio completo a los padres de su alumnado. En cualquier caso, es la inspección escolar la que debe determinar la legalidad de estas tramitaciones. Al margen del cheque libro, los padres gastan cada año más de 250 euros en material extra, una cantidad que las organizaciones de usuarios consideran excesiva.
