El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Javier de Torres, ha solicitado una pena de cuatro años de cárcel y seis de privación del permiso de conducir para el joven conductor del todoterreno que chocó contra un autobús de turistas finlandeses en Benalmádena. En el accidente murieron nueve personas y otras 26 resultaron heridas de distinta consideración. El acusador afirma que el joven J.G. R., que dio positivo en la prueba de la alcoholemia, circulaba «a una velocidad inadecuada» para las condiciones de la vía, lo que provocó que perdiera el control de su vehículo que fue a impactar contra el autobús. Por ello lo considera responsable de nueve delitos de homicidio y 26 de lesiones por imprudencia, así como autor de delitos de conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol. La acusación particular ejercida por Manuel Temboury, miembro de la Asociación de Abogados de Víctimas de Responsabilidad Civil, en representación del chófer del autocar, le imputa los mismos hechos y solicita idéntica pena que el fiscal.
A 152 kilómetros por hora
El siniestro se produjo sobre las 19.30 horas. Según las acusaciones, el joven, que dio positivo en las dos pruebas de alcoholemia a las que fue sometido después del accidente, circulaba por la A-7, por el carril izquierdo en sentido Barcelona, a una velocidad «inadecuada, no menor a 152 kilómetros por hora», en una zona en la que el máximo era de 120. Además, la calzada estaba mojada por la lluvia. En un momento determinado, el joven «perdió el control del vehículo» y chocó contra las vallas de protección metálicas, saliendo despedido hacia el lado contrario.
El frontal del todoterreno colisionó entonces con el lateral trasero del autocar que iba por el carril derecho y que llevaba a 50 turistas finlandeses al aeropuerto. A causa del impacto, el autobús derrapó, volcó y chocando con la valla metálica de la mediana que se introdujo por el techo del vehículo.
En el accidente perdieron la vida nueve personas y otras 26 resultaron lesionadas, entre ellas el conductor del autobús y el acompañante del acusado.
El joven conductor, que entonces tenía 27 años, ingresó en prisión a finales de abril de 2008, tras prestar declaración ante la juez de Torremolinos que instruyó el caso. La magistrada consideró que el hecho de que J. G. R. trabajase como transportista aumentaba el riesgo de fuga. Poco después la Audiencia Provincial de Málaga le puso en libertad, tras pagar una fianza de 18.000 euros.
Toda la responsabilidad civil derivada de este siniestro ha sido ya pagada por la aseguradora, por lo que todos afectados han sido indemnizados, incluso el conductor del autobús siniestrado, que tiene declarada la incapacidad total y que no reclama nada en esta causa, a no ser que «se deriven otros perjuicios del accidente, desconocidos hasta el momento», según su letrado.
La muerte de los nueve finlandeses en el accidente causó una gran conmoción en el país nórdico. El Gobierno de Finlandia creó un gabinete de crisis que coordinó todas las actuaciones para llevar a cabo cuanto antes la repatriación de las víctimas. Entre otras decisiones, envió a Málaga dos policías científicos, cinco psicólogos que dieron apoyo a los heridos y a los familiares de las víctimas; dos miembros de Asuntos Exteriores, un forense y hasta un periodista y un sacerdote.
