«Si una abogada diera a luz en el Materno, le pasarían la factura». La frase es de Manuel Camas, decano del Colegio de Abogados de Málaga, y la pronunció ayer, durante la concentración protagonizada por más de un centenar de abogados malagueños en las puertas de la Ciudad de la Justicia para reivindicar el acceso gratuito al sistema sanitario.
Ángel Óvalos, 23 años en el ejercicio de la abogacía, afirma que hace un par de días recibió una factura del Servicio Andaluz de Salud (SAS) reclamándole 144 euros en concepto de tasas por la atención que recibió hace dos meses en urgencias y Fernando Contreras, abogado desde 1987, afirma batallar contra una factura cercana a los 2.000 euros por una intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse su hija de ocho años en el Materno Infantil.
«Aunque en España tenemos un sistema de asistencia pública universal hay colectivos, entre ellos los abogados, que no tenemos acceso al sistema público sanitario en condiciones de igualdad», dice Camas.
Los abogados, como profesionales liberales, pueden elegir entre darse de alta como autónomos, caso en el que sí tendrían derecho a la cobertura sanitaria, o acogerse a una mutualidad propia, que garantiza la pensión pero no cubre la atención sanitaria en el sistema público. En el primer caso el desembolso es mayor que en el segundo, por lo que muchos letrados optan por ese último sistema. En el caso de Málaga 5.000 abogados no tienen acceso gratuito a la sanidad pública, según el decano.
Vía impuestos
Manuel Camas recordó que el sistema público de salud se financia con las aportaciones al Impuesto de la Renta (IRPF). De ese modo, los abogados acogidos a la mutua, si bien no realizan aportaciones a la Seguridad Social, sí tributan por el IRPF, por lo que entiende que contribuyen a mantener un sistema al que no tienen acceso: «No pedimos nada relacionado con las pensiones, pero sí queremos cobertura sanitaria, como cualquier persona que reside en España, trabaja y tributa».
Por su parte, Salvador González, delegado en Málaga de la Mutualidad de la Abogacía afirmó que hay abogados jubilados que en su momento prestaron de forma gratuita asistencia en el turno de oficio y a los que ahora, con unos 600 euros de pensión, se les niega el acceso a la sanidad pública.
