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Marbella rechaza compensar a una promotora por la anulación de una licencia de la 'era GIL'

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Marbella rechaza compensar a una promotora por la anulación de una licencia de la 'era GIL'

El Consejo Consultivo respalda la resolución del Consistorio de no abonar en concepto de daños 227.000 euros a la mercantil

16.02.11 - 01:46 -
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El Consejo Consultivo de Andalucía no considera que el Ayuntamiento de Marbella sea responsable de los perjuicios económicos derivados de la anulación de una licencia urbanística. Así lo establece en el dictamen que, solicitado por el Consistorio, ha servido de fundamento jurídico al equipo de Gobierno para rechazar la reclamación patrimonial exigida por una promotora cuyo permiso municipal de obras, concedido en la 'era GIL', fue invalidado posteriormente por los tribunales. La mercantil, Los Monteros IV Servicios Inmobiliarios SL, demandaba a la Administración local una cuantía de 227.225,54 euros en concepto de daños tras la anulación por sentencia judicial de la licencia urbanística, pretensión que ha sido desestimada por el Ayuntamiento al no apreciar que exista responsabilidad patrimonial por su parte.
«El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía viene a respaldar la realidad de que esta Corporación no es responsable económicamente de las licencias irregulares dictadas en el pasado», destacó ayer el portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero, que informó de la decisión del Consistorio de rechazar la reclamación presentada por la promotora inmobiliaria. En la resolución, fechada el pasado 9 de febrero y a la que ha tenido acceso SUR, la Junta de Gobierno Local recoge los argumentos del Consejo Consultivo de Andalucía, así como los informes del servicio de disciplina urbanística, para determinar que «no se acredita la relación de causalidad entre los daños sufridos y el funcionamiento del servicio público».
Según el órgano consultivo autonómico, la empresa «tiene el deber de soportar el daño que deriva del mandato contenido en el artículo 118 de la Constitución, conforme al cual es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales». Es decir, el supuesto perjuicio de la promotora está vinculado a la sentencia que anula la licencia urbanística y no a la actuación de la actual Corporación.
Romero explicó que el razonamiento coincide con la postura que viene defendiendo el Ayuntamiento, sobre su falta de responsabilidad frente a los posibles daños derivados de la anulación de una licencia ilegal concedida por anteriores corporaciones, pero ha sido avalada por el órgano consultivo autonómico. «Al ser una tesis que defendemos nosotros, de alguna forma podría entenderse que es una declaración de parte, pero estando respaldado por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía el fundamento jurídico es además sólido», subrayó el edil.
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