Catorce presos que estaban en la cárcel de Alhaurín salieron ayer a la calle gracias a la entrada en vigor del nuevo Código Penal. La medida afecta a otros diez reclusos para los que los jueces han decretado libertad, pero permanecerán en la prisión malagueña porque están cumpliendo condena por otras causas.
La nueva normativa favorece que al menos 408 presos de los 65.000 que internados en las cárceles de España estén siendo en puestos en libertad desde ayer con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal. Entre ellos, destaca el número de mujeres que saldrán a la calle al haber cumplido sus condenas por tráfico de drogas a pequeña escala.
Fuentes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias informaron que hasta ayer habían recibido un total de 408 resoluciones judiciales que ordenan la puesta en libertad de otros tantos presos, la inmensa mayoría condenados por tráfico de drogas a pequeña escala aunque también constan cerca de cuarenta casos de vendedores del 'top manta' encarcelados por delitos contra la propiedad intelectual.
Estos datos afectan a las cárceles dependientes del Ministerio del Interior, todas salvo las de Cataluña, que tiene competencias propias en esta materia. Los juzgados catalanes revisarán unas 700 sentencias para determinar si mantienen o reducen las penas y decidir si ordenan la puesta en libertad de algunos presos.
Revisión de condenas
Los tribunales han revisado cada una de las condenas junto con las circunstancias de los reclusos para estudiar si estos resultan beneficiados con la aplicación del nuevo Código Penal y han determinado que algunos mandamientos de libertad se hagan efectivos desde ayer. Además, un número importante de mujeres serán excarceladas ya que el nuevo Código Penal reduce las penas para las conductas menos graves del narcotráfico, lo que afecta a los conocidos 'muleros' que introducen la droga en el interior de su cuerpo.
Si el tipo básico del tráfico de drogas se castigaba con penas de cárcel de tres a nueve años, ahora se rebaja el máximo hasta los seis años con el objetivo de reforzar el principio de proporcionalidad de la pena. De esta forma, los condenados que excedan de esa estancia en prisión saldrán automáticamente a la calle.
