Los envistes de la crisis abocan cada año a más familias a declararse en quiebra. Entre enero y septiembre del presente 2010 un total de 24 hogares malagueños, ahogados por las deudas, recurrieron a la posibilidad que ofrece la Ley Concursal para acogerse judicialmente a la suspensión de pagos. La cifra supera a la registrada en los doce meses de 2009 y casi duplica a la contabiliza en 2008, cuando fueron trece las personas físicas sin actividad empresarial que iniciaron un proceso de concurso de acreedores, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos, publicados ayer, indican que durante el tercer trimestre de 2009 el número de familias y empresas que entraron en concurso en la provincia fue de 24, un 42% menos que en el trimestre precedente, cuando la cifra ascendió a 42. De estas 24, el 62,5% (15) fueron negocios, la mayoría pequeñas y medianas compañías de uno o dos asalariados y con un volumen de facturación inferior a los dos millones de euros.
En el terreno empresarial, las quiebras se han reducido a prácticamente la mitad, como demuestran los resultados del INE. Así, mientras que en el tercer trimestre de 2009 eran 26 las que no podían hacer frente a sus deudas, en el mismo periodo de este año la cifra se ha reducido a quince. Por contra, en el ámbito doméstico, la estadística sigue imparable. Entre enero y marzo hubo siete que se declararon insolventes, ocho entre abril y junio y nueve en este último trimestre publicado.
La explicación de los abogados
Como explica Miguel Ángel Sánchez, abogado de la consultoría Auren Elisardo Sánchez, el incremento de concursos experimentado en el seno de las familias se debe, fundamentalmente, a casos de administradores de empresas o socios que tienen avalada la compañía con parte de su patrimonio y también solicitan la suspensión de pagos a título particular para evitar perder sus bienes. «El grueso se trata de personas que tienen muchas propiedades y temen perderlas. Los hogares que no puedan por ejemplo pagar la hipoteca son los que menos», sostiene.
El proceso para entrar en concurso comienza, como relata Sánchez, con una solicitud del afectado, que debe presentarla en los meses siguientes a no poder afrontar sus pagos ante el juzgado de lo mercantil. «En esa documentación debe ir una memoria que detalle el patrimonio que tiene esa persona, las causas por las que se ha visto inmersa en dicha situación, así como un inventario con sus bienes, sus deudas y una relación de sus acreedores. Se trata de un proceso más simple que el que se requiere para las empresas», indica el letrado de Auren.
Una vez recibido el expediente, el magistrado lo estudia y, si no hay ninguna irregularidad, dicta un auto de declaración de concurso. Acto seguido, se nombra a un administrador que desde ese momento debe intervenir en todas las operaciones económicas. «Con este proceso lo que se consigue es retrasar el abono de la deuda y que no genere más intereses. En caso de que la persona o la empresa no mejoren su situación financiera, se acaba declarando su insolvencia definitiva», aclara Miguel Ángel Sánchez.
En Andalucía, el número de expedientes de concurso cayó un 81,5% entre el tercer trimestre de 2009 y el mismo periodo de 2010 hasta registrarse entre julio y septiembre de este año 119 insolvencias. De esa cifra total, 95 procedieron del tejido empresarial. En España la cifra de procesos aumentó un 0,9% entre julio y septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que el total de deudores concursados ascendió a 1.127.
