El ex dirigente de los Grapo Manuel Pérez Martínez, conocido como 'camarada Arenas', afirmó ayer durante el juicio por la colocación de tres bombas en otras tantas delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda en 1998 que «jamás» ordenó a nadie «que pegue un tiro o ponga una bomba». «Si hay que juzgar asesinatos, crímenes, robos y estafas, el país está lleno», reprochó el 'camarada Arenas' al tribunal que lo juzga junto a María Victoria Gómez, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez.
El ex secretario general del Partido Comunista de España reconstituido (PCE-r) insistió en que esta formación no englobaba el grupo terrorista, aunque sí reconoció a su defensa que de la misma formaban parte miembros de sus comandos porque acogía «muchísima gente, alguna muy echada para alante». Asimismo, admitió que cuando fue detenido en noviembre del 2000 en París le incautaron un manual de explosivos, que conservaba porque era una «reliquia», ya que ahora existen otros más modernos.
Por su parte, Gómez reconoció su pertenencia al grupo terrorista y negó que Pérez Martínez, al que dijo que conoció en otro juicio, ordenara a sus comandos ejecutar sus acciones armadas. «Las directrices generales las impartía el que ahora no quiere reconocer su pertenencia a los Grapo», destacó la acusada en referencia a Fernando Silva Sande antes de coincidir con el 'camarada Arenas' en que el PCE-r y el grupo terrorista son «completamente independientes».
Durante el juicio, que previsiblemente quedará visto para sentencia hoy, testificaron una docena de policías que acudieron a los dos lugares en los que explosionaron los artefactos, que causaron «grandes daños», así como a la oficina de Hacienda de Alcobendas, donde no estalló por un fallo en el temporizador.
