La Facultad de Derecho de Málaga, al igual que las del resto del país, está convocada el próximo 1 de diciembre a una jornada de cierre y de movilizaciones en contra de la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador que el Gobierno de la nación prevé que entre en vigor en breve. Este es el llamamiento que ha hecho la conferencia de representantes de estudiantes de derecho de España tras su última reunión en Sevilla en la que también acordaron iniciar los trámites para presentar una iniciativa legislativa popular para forzar un cambio en la normativa.
Los estudiantes sostienen que la ley del Ejecutivo es «discriminatoria» y «perjudicial» para sus intereses al vulnerar «derechos básicos» de los alumnos. Además consideran una «imposición» por parte del Gobierno de una ley «obsoleta» y «contraria a los parámetros del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior».
«Llamamos a la movilización y la movilización de todos los estudiantes de derecho de España y prevenimos de los graves perjuicios que puede llevar la consolidación de esta acción normativa», según recogen en la declaración hecha pública tras el encuentro en la capital hispalense y que comparte «puntos en común» con los posiciones del Consejo General de la Abogacía, los decanos de las facultades y los rectores.
Los estudiantes denuncian que la Ley 34/2006 viene a imponer el principio de que 'quien paga está capacitado' ya que estipula que si los licenciados abonan la colegiación antes de octubre de 2011 se entenderán capacitados para ejercer como abogados para toda la vida y, si no, luego tendrán que superar un máster y un examen. Hasta ahora los licenciados en derecho siempre han podido ejercer su profesión como abogados y procuradores con el único requisito de la legislación.
Intrusismo profesional
Este colectivo advirtió de que su desarrollo normativo «incluso podría permitir a graduados en Criminología o Ciencias del Trabajo ejercer como futuros abogados, un supuesto inaceptable de intrusismo profesional», además de no atender «las peculiaridades propias de la educación a distancia». Además, los estudiantes criticaron que, pese a que la ley se aprobó hace cuatro años, el Gobierno «no ha cumplido con su deber» de elaborar «un desarrollo normativo adecuado» y ahora, justo antes de entrar en vigor, quiere «aprobarlo de manera desajustada, extemporánea y creando un grave perjuicio» a los colectivos afectados y a la sociedad.
Por ello, las delegaciones de alumnos exigieron que el Gobierno «se haga responsable de su inacción» e inste al Parlamento a prorrogar la entrada en vigor de seta normativa pues «no hay tiempo material para poder acometer su implantación».
