El nacimiento mediático del 'caso Hidalgo' fue sonado. Más de dos centenares de policías registraron bienes inmuebles repartidos por las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Asturias, Barcelona y Tarragona. También en Amsterdam. Más de una veintena de detenidos y la intervención de cerca de 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias. En definitiva, un nuevo macroproceso 'estrella' en Marbella cuyo estreno volvía a copar las imágenes de los medios de comunicación.
La labor desarrollada durante los dos últimos años para culminar la instrucción del caso ha tenido poco que ver con aquel despliegue. Tanto en medios como en repercusión. Los recursos se han limitado a una jueza en comisión de servicio apoyada por dos funcionarios y las investigaciones, bajo un ambiente de discreción, han tenido como único objetivo culminar de manera «impecable» un sumario sobre el que inicialmente pesaba la sombra de su primer instructor, el juez Francisco Javier de Urquía, condenado el pasado junio por pedir dinero a uno de los imputados en 'Hidalgo' para dictar su auto de libertad provisional.
«Se ha hecho un trabajo titánico», aseguran fuentes judiciales cercanas al caso. Desde que se hizo cargo de la causa, la jueza Del Pilar ha sostenido que el proceso contra De Urquía no debía soslayar a 'Hidalgo'. Para la magistrada, el caso no tiene su origen en una actuación sin ninguna base del ex titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella. Todo lo contrario. A juicio de la instructora, resultan evidentes los indicios sobre la supuesta comisión de los delitos fiscales, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, así como la trascendencia y la repercusión social de esta última actividad delictiva, que puede alterar mercados como el inmobiliario.
De Urquía fue condenado a dos años de prisión, siete de inhabilitación y a una multa de 60.000 euros por un delito de cohecho, así como a 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Según la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez se puso de acuerdo con un amigo para pedirle dinero a uno de los imputados en el 'caso Hidalgo' que ingresaron en prisión, Azam Khan, a cambio de decretar los autos de libertad provisional para él, su esposa y un sobrino, también encarcelados por la misma causa.
El tribunal consideró como hechos probados que el amigo del juez recibió la cantidad de dinero exigida, 60.000 euros, y entonces De Urquía, «cumpliendo con lo prometido», dictó los autos de libertad provisional con fianza para los tres imputados.
Desde que De Urquía fue suspendido como titular del juzgado marbellí, el 'caso Hidalgo' se convirtió en una 'patata caliente' para sus sustitutos. Algunos colocaron el sumario a la cola de asuntos judiciales a tratar. Otros sí que intentaron proseguir la instrucción. La jueza Del Pilar culminó la tarea, que ya se encuentra a la espera de que la Fiscalía presente su escrito de acusación.
