Por si la caída generalizada de las ventas como consecuencia de la crisis fuera poco, los comercios de las zonas turísticas también tienen que lidiar con la venta ambulante ilegal, un serio competidor que, aunque no es nuevo, sí que está cobrando cada vez más fuerza en los municipios costeros. Basta con acercarse una tarde por cualquier paseo marítimo o sentarse en la terraza de alguna cafetería o restaurante para comprobar la proliferación de inmigrantes (principalmente subsaharianos y asiáticos) ofreciendo todo tipo de productos falsificados.
Benalmádena no es una isla y, aunque en las últimas semanas se ha reforzado la vigilancia en las zonas de mayor afluencia turística como el paseo marítimo y el puerto deportivo, el auge del 'top manta' trae de cabeza al pequeño negocio de la Costa, que insiste en reclamar al Ayuntamiento un mayor control a la hora de dar cumplimiento a la ordenanza municipal que prohíbe la venta ambulante en todo el término municipal salvo en mercadillos, ferias, fiestas y exposiciones artesanales contemplándose sanciones de hasta 3.000 euros. Igualmente, también apela a la responsabilidad de los propios consumidores recordando sus efectos en el comercio local, además de recordar que los productos falsificados no ofrecen calidad ni garantías.
Por ello, los negocios asociados a la patronal van a exhibir en sus escaparates un escrito en el que ponen de manifiesto que el aumento de la venta ambulante está causando «daños irreversibles» al comercio local, cada vez más lastrados por una «competencia desleal brutal» puesto que ellos sí tienen que hacer frente a los impuestos, tasas y demás gastos de mantenimiento. Asimismo, también recalcan que esta actividad ilegal no solo no genera empleo, sino que además está perjudicando al tejido comercial de localidad y, por consiguiente, a sus trabajadores. «Con frecuencia se instalan hasta en las puertas de comercios que venden los mismos productos», aseguran.
Presencia policial
La respuesta del Ayuntamiento a estas demandas, que también llegan por parte de colectivos vecinales, ha sido la de incrementar la presencia policial y, en el caso del puerto deportivo, contar incluso con el apoyo de seguridad privada. Aunque las actuaciones puntuales son cada vez más frecuentes, también se organizan dispositivos a mayor escala, como la operación a tres bandas que llevaron a cabo a finales de julio el Cuerpo Nacional de Policía y las policías locales de Torremolinos y Benalmádena que se saldó con nueve imputados y la incautación numerosos artículos falsificados.
