Entre los cambios introducidos en la reforma laboral, aceptados en comisión, figura una enmienda de CiU que insta al Gobierno a que adopte «las medidas necesarias» para que «en el momento en que el empleo inicie su recuperación» se reforme «la normativa que regula las prestaciones por desempleo con el objetivo de aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas».
No obstante, el diputado de CiU Carles Campuzano explicó ante sus señorías que «nadie se va a levantar hoy satisfecho» con el texto de la reforma. «Desde luego no es la reforma de CiU», añadió. Para José Emilio Olabarría, del PNV, el proyecto del Gobierno y su tramitación rápida en las Cortes equivale a «una indigestión». Comentó que si lo aprobado responde a lo que piden los mercados, es lamentable que se conformen con procedimientos semejantes al utilizado para sacar adelante un nuevo mercado laboral.
También habló de precipitación y provisionalidad, tras el fracasado diálogo social, el representante del PP, Ignacio Echániz. A su juicio, el resultado es «un guiso incomestible». Recordó que los cambios planteados por su grupo respondían a fortalecer la flexibilidad interna en la empresa con más facilidad para cambiar las condiciones sustanciales de empleo; impulsar la formación profesional porque existen cuatro millones de parados sin cursos ni enseñanzas para su reinserción; y un procedimiento general de descuelgue (incumplimiento del convenio colectivo) basado en la decisión de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos.
