El Ayuntamiento de Benalmádena no sólo ha declarado la guerra al botellón y al ruido, ahora también apunta a la prostitución. Aunque el equipo de gobierno lleva meses trabajando en la fórmula para elaborar una ordenanza que acabe con la presencia de mujeres ofreciendo servicios sexuales en la vía pública, la proliferación de esta práctica en zonas de ocio como Puerto Marina, Solymar y Fuente de la Salud ha obligado a adelantar los plazos, especialmente a raíz de las numerosas quejas de vecinos y comerciantes. Por ello, a la par que se mantienen contactos con municipios que ya están redactando sus propias normativas como Málaga y Estepona, la Corporación aprobó ayer por unanimidad modificar la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para incluir un nuevo artículo (el 52 bis) que a imagen y semejanza del que se aplica en Granada sancionará el ejercicio de la prostitución y también a quienes requieran sus servicios.
Toda vez que este cambio legal no será efectivo hasta dentro de aproximadamente un mes (cuando supere el periodo de alegaciones y se apruebe de forma definitiva), el Ayuntamiento se valdrá temporalmente de un bando municipal en el que se «prohíben las conductas que persigan la exhibición de prácticas sexuales y del ofrecimiento o demanda de estos servicios sexuales en cualquier punto de los espacios públicos del término municipal», contemplando una multa de 600 euros tanto para las prostitutas como para sus clientes.
Explotación y mafias
«No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta lacra que tanto afecta a nuestros vecinos y a la imagen de nuestro municipio», comentó el alcalde de la localidad, Enrique Moya, quien incidió en la falta de herramientas con las que cuentan la Policía Nacional y Local -que se reduce a una mera identificación y a comprobar si tiene permiso de residencia-, además de advertir de que la prostitución, «además de ser un problema de orden público, esconde detrás casos espeluznantes de explotación sexual y redes mafiosas».
