Punto y final. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dio por concluida ayer la instrucción del sumario por el secuestro del atunero vasco 'Alakrana' a manos de piratas somalíes tras nueve meses de investigación en los que poco o nada se ha aclarado. El magistrado ha elevado el caso a la Sala de lo Penal para que siente en el banquillo a los dos corsarios apresados y encarcelados en España, pero sin haber determinado quién y cómo pagó el rescate de los 36 tripulantes del barco (16 de ellos españoles), secuestrado el 2 de octubre de 2009 y liberado 47 días después.
En realidad, Pedraz ha cerrado de una misma tacada dos investigaciones paralelas. La primera trataba sobre el secuestro en sí y sus responsables. En esta parte del sumario han sido procesados dos de los piratas que participaron en el asalto, capturados por la tripulación de la fragata española 'Canarias' el 4 de octubre tras abandonar el atunero. El juez ya les acusaba formalmente de 36 delitos de detención ilegal, otros de robo con violencia y uno de uso de armas. Unas imputaciones, todavía provisionales, que les podrían suponer cerca de 200 años de cárcel.
La segunda parte de la causa, que se mantenía en secreto, versaba exclusivamente sobre el supuesto pago del rescate. El pasado 17 de febrero el juez pidió al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que aclarara «la identidad de personas, empresas, grupos o bufetes nacionales o internacionales vinculados con los secuestradores como intermediarios o destinatarios finales del rescate».
Pedraz reclamó esta información al CNI después de que el 18 de enero el armador del 'Alakrana', Kepa Etxebarria, desvelara ante el juez que el rescate se gestionó desde la Embajada española en Nairobi (Kenia) y que rondó los cuatro millones de dólares (2,7 millones de euros al cambio de entonces).
No hay respuestas
El CNI ha desoído las órdenes del juez. Según informaron ayer fuentes de la Audiencia Nacional, Defensa no ha respondido a las dos solicitudes de información, alegando que se trata de materia clasificada. El juez finalmente ha decidido cerrar el asunto, ya que la Fiscalía no le ha pedido que se dirija al Gobierno para pedir la desclasificación de esos papeles. Y el instructor no puede hacerlo 'motu proprio'.
La de ayer es la segunda ocasión en la que Pedraz da carpetazo a la investigación del secuestro del 'Alakrana'. El pasado 17 de noviembre, horas después de la liberación de los marineros, el magistrado acordó concluir el sumario. Sin embargo, el 9 de febrero, la Sección Cuarta de Sala de lo Penal le ordenó reabrir el caso después de que cuatro víctimas pidiesen la práctica de nuevas diligencias para esclarecer si el secuestro, en realidad, había sido un acto de terrorismo. Una nueva categoría que conllevaría contrapartidas económicas para las víctimas, por lo que la Audiencia Nacional acordó que los forenses examinaran a los marinos para ver si era posible acreditar daños psicológicos.
Pedraz no ha tomado ninguna decisión sobre esta petición de imputar a los dos detenidos los delitos de asociación ilícita y terrorismo, según informaron fuentes judiciales. El magistrado considera que no es el momento procesal para modificar la calificación, ya que antes deberá ser la Fiscalía la que clarifique hechos. El juez, no obstante, ya pidió en su momento a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía que le informara sobre si había indicios para vincular a los piratas con Al-Qaida.
