El número de médicos malagueños que se han acogido a la objeción de conciencia para no practicar abortos se ha duplicado en los dos últimos meses. Se ha pasado de una docena de facultativos contrarios a participar en el proceso de interrupciones voluntarias de embarazos (IVE) a veinticinco. Esos profesionales están inscritos en el registro que abrió el Colegio de Médicos de Málaga en 2005 para los temas de conciencia profesional.
Los facultativos acuden al citado colegio para dejar constancia expresa de su objeción de conciencia a participar en la práctica de la interrupción del embarazo, así como a cualquier otro acto que implique su realización, «por atentar contra sus principios éticos».
Es llamativo que en los dos meses previos a la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto, además de especialistas en obstetricia y ginecología, se han apuntando en el registro médicos de familia. Y es que estos profesionales son los primeros que reciben a las pacientes que manifiestan su deseo de interrumpir voluntariamente su embarazo y, quienes, tras solicitar los datos necesarios respecto a las posibles semanas de gestación, se encargan de efectuar la derivación de las mujeres para la valoración de los supuestos legales del aborto.
En estos momentos, en el registro de objeción de conciencia del Colegio de Médicos hay inscritos trece ginecólogos, once médicos de familia y un psiquiatra que no desean practicar abortos. Algunos de esos profesionales también están en contra de la píldora postcoital y otros rechazan participar en la esterilizacion de las pacientes.
El Colegio de Médicos hizo pública ayer una nota en la que destacó la importancia de respetar la objeción de conciencia de los facultativos. Por su parte, la comisión deontológica del colegio elaboró una declaración ante la entrada en vigor de la Ley del Aborto. En el punto primero se dice: «Los médicos aceptan todas las leyes emanadas del Parlamento, pero sometiéndolas siempre al valor superior de la libertad de conciencia de cada uno evitando acciones que degraden gravemente la propia identidad moral, lo que no supone en absoluto rechazo a las personas, ni mucho menos a la mujer, que se encuentra ante el dilema del aborto».
Derecho fundamental
Asimismo, en el punto segundo, se recalca que «la objeción de conciencia es un derecho fundamental e irrenunciable para todos aquellos profesionales que deban intervenir como cooperadores necesarios en el proceso de desarrollo de la práctica de un aborto». El punto tercero señala que «la administración sanitaria en ningún caso debe tomar represalias con aquellos facultativos objetores que se nieguen a la referida cooperación al aborto».
El cuarto y último punto de la declaración realizada por la comisión deontológica indica que «el Colegio de Médicos, en caso de conflicto, debe defender a todos aquellos facultativos implicados de acuerdo con el código de ética y deontología médica que entiende que la profesión médica está al servicio de la vida humana».
Por su parte, los hospitales de la sanidad pública andaluza no llevan a cabo interrupciones voluntarias de embarazos por la negativa de los médicos. Las pacientes que desean una IVE son remitidas a clínicas privadas con las que la Consejería de Salud tiene firmado un concierto de colaboración. En el caso de Málaga, esas clínica son El Sur y Atocha.
