Reduce los costes derivados de los largos procesos judiciales en los que suelen enredarse dos personas que un día se quisieron y sobre todo, incide en un menor desgaste emocional y psicológico, que repercute directamente en los hijos de la pareja.
La mediación familiar se ha revelado como una herramienta eficaz para favorecer las separaciones -léase divorcios- de forma pacífica, a través de la intervención de una tercera persona; en este caso un profesional (abogado, psicólogo, trabajador social, graduado social o pedagogo), que favorece el diálogo entre las partes y la consecución de acuerdos referentes a cuestiones tan espinosas como la custodia de los hijos, la manutención o el régimen de visitas, entre otros muchos aspectos.
Menores afectados
En Málaga, un tercio de las 4.400 separaciones y divorcios anuales, que afectan a más de 3.500 menores, se producen sin acuerdo, según los datos facilitados por el subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad y Política Social, Félix Barajas, que ayer presentó en Málaga una nueva campaña de promoción de la mediación familiar. Lo hizo junto a Juana Angulo, presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (Unaf), organización encargada del desarrollo de esta campaña y que dispone de una página web (www. mediador.org) en la que se explica ampliamente el funcionamiento de este tipo de método para la resolución de conflicto.
«Se trata de una campaña para sensibilizar de la importancia del diálogo», dijo Barajas, que aludió a la aprobación de leyes específicas sobre mediación familiar.
No obstante, la inversión para la promoción de esta herramienta y el desarrollo de campañas (un millón de euros el año pasado distribuidos entre diez entidades) choca, en el caso de Andalucía, con la ausencia de un reglamento que desarrolle la Ley Andaluza de Mediación Familiar aprobada en septiembre del pasado año.
Un año de retraso
La aprobación del citado reglamento, que lleva un año de retraso, regularía cuestiones tan esenciales como qué profesionales se pueden dedicar a la mediación y qué formación deben acreditar, e incidiría en las garantías que se ofrece a las parejas que se deciden a acudir a este tipo de servicios. También debe regular la bolsa de mediadores para el turno de oficio, para el que la Junta de Andalucía debe crear un registro específico; así como la asistencia gratuita que prevé la ley.
«En estos momentos lo que hay es un desbarajuste», aseguró el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Rafael Arrendono. «Ahora mismo basta con que alguien ponga en el despacho: 'soy mediador', y ya está», añade, a la vez que recuerda que el borrador del reglamento que no se ha aprobado establece requisitos tales como la necesidad de contar con 250 horas de formación acreditada o una experiencia de cinco años.
