El portavoz del equipo municipal de gobierno, el concejal Juan Montero, compareció ayer en rueda de prensa para adelantar el contenido ordinario del pleno de este mes, que se celebrará esta mañana, a partir de las 10 horas en la Casa de la Juventud.
Con independencia de calificar el contenido de «fundamentalmente técnico», profundizó en un asunto en el que viene trabajando el Ayuntamiento para dar solución a las 36 familias afectadas por dos edificaciones construidas en la zona de La Colonia, en concreto en el Camino Ancho de La Atunara, inmuebles sobre los que pesa una sentencia judicial para que sean derribados.
Montero expuso que «llevamos a pleno la aprobación provisional de la innovación y modificación del PGOU relativo al sistema general viario de ese lugar. Este asunto arranca con un mal trazado llevado a cabo en la época en el que el PSOE gobernaba la ciudad, lo que indujo a que la empresa promotora construyera fuera de alineación».
Antes de que se produjera la sentencia de derribo desde el equipo de gobierno «ya veníamos trabajando en solventar ese problema que repercute en las familias que allí habitan. Soluciones de este tipo están contempladas en la LOUA de cara a su regularización. Este trabajo lo venimos haciendo con independencia de la posible sanción a la promotora y para evitar el mal mayor del derribo de las dos edificaciones».
Montero criticó la actitud de las asociaciones que dicen velar por el patrimonio y la legalidad que «denunciaron sin importarle excesivamente lo que puedan sufrir estas familias por un asunto en el que el Ayuntamiento no tiene culpa alguna. Respetaremos cualquier sentencia judicial al respecto pero, no obstante, entendemos que debemos velar por nuestros ciudadanos e intentar en la medida legal que sea posible solucionar un tema tan delicado como éste y así evitar una solución tan drástica como el derribo de dichos edificios».
Pantallas digitales
Con respecto a otros puntos del orden del día, se resolverá el contrato de concesión para la instalación y explotación de pantallas digitales. Un tema en el que la propia empresa concesionaria ha hecho ver que a causa de la crisis no puede hacer frente a sus obligaciones de abonar el canon al Ayuntamiento, con lo cual se resolverá el contrato y la fianza depositada en su momento por la empresa quedará para el municipio.
Algo similar ocurre con la resolución del recurso de reposición interpuesto por la empresa Fitness Sport Center GC, S.L., la cual en su día también decidió no construir un complejo deportivo en Punto Ribot, con lo cual el Ayuntamiento se quedó con la fianza, tras romperse el acuerdo.
