La apuesta del Gobierno por la rehabilitación de viviendas, como alternativa al maltrecho ladrillo, está bien pero no es suficiente. Al menos para intentar aligerar las listas del paro, repletas de ex empleados del andamio. Ese es el mensaje trasladado ayer por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Las empresas recuerdan al Ejecutivo la importancia de la construcción en la economía nacional y le reclaman un plan de choque similar al que han disfrutado sectores como la automoción. El punto fuerte de ese programa de rehabilitación urgente sería la subvención estatal del 20% del coste de las obras.
Que las empresas pidan dinero al Gobierno comienza a ser una costumbre. La Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de la patronal no ha sido una excepción, al demandar a Beatriz Corredor medidas a corto, medio y largo plazo. Entre las peticiones más urgentes, la de la subvención, que la CEOE pretende que el Ejecutivo abone al consumidor (sin definir si se refiere a particulares o también a empresas) en un plazo máximo de 100 días. Esta ayuda estatal tendría una vigencia de un año prorrogable.
