El Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga ha condenado a un año de cárcel y a una multa de 60 euros al joven que agredió al delegado provincial de Educación, Antonio Escámez, cuando era director del instituto Torre del Prado de Campanillas. Esta es la segunda sentencia que se dicta en la provincia de Málaga que condena por delito de atentado contra funcionario público las agresiones a personal docente.
La sentencia se refiere a los hechos que sucedieron el 5 de octubre de 2007. Entonces, Antonio Escámez ocupaba el cargo de director del IES Torre del Prado de Campanillas. Durante el juicio que se celebró el pasado 11 de febrero, el joven reconoció que le pegó un puñetazo porque perdió los nervios cuando estaba pidiéndole explicaciones sobre la expulsión de su hermano, pero negó que le propinara patadas cuando Escámez cayó al suelo. Explicó también que después trató de pedirle perdón a través de un profesor «pero no fue posible», y añadió que en ningún momento se le pasó por la cabeza que estuviera atentando contra una autoridad al golpear al director del instituto.
Antonio Escámez declaró que el acusado se dirigió a él exigiéndole que revocara la expulsión de su hermano y que al responderle que aquél no era el momento ni el lugar, pues estaban en la puerta de entrada al instituto, le golpeó en la cabeza y le tiró al suelo.
Simple falta
Este caso fue tramitado por el juzgado como una simple falta en 2007, pero finalmente el fiscal y el juez decidieron abrir diligencias previas para que fuera enjuiciado como delito, dada la consideración de autoridad que tienen como funcionarios públicos los docentes en el ejercicio de sus funciones.
Precisamente a este error inicial se acogió la abogada del joven durante el juicio para pedir la absolución por delito de atentado. «Si el juez y el fiscal, que son especialistas en Derecho, en 2007 no tenían clara la consideración de autoridad ¿cómo se le puede exigir a una persona que es albañil que sepa que pegar a un profesor es atentar contra una autoridad?», se preguntó la letrada en la vista oral.
Frente a la alegación de la abogada defensora de que ni siquiera las autoridades judiciales tenían clara la consideración del delito de atentado contra una autoridad, la sentencia afirma que «cualquier ataque de particulares a quienes desempeñen funciones públicas puede ser constitutiva de un delito de atentado», y cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto.
La sentencia considera que no existe dato objetivo alguno que permita considerar que el acusado no tuvo la intención de atentar o desprestigiar las funciones de Antonio Escámez. Para la juez, resulta muy significativo que el director del instituto y el agresor coincidan en señalar que no se conocían de nada antes de ocurrir los hechos, por lo que «es obvio que nada personal tenía el agresor con la víctima, más allá de una actuación concreta y puntual realizada por ésta en el ejercicio de su cargo y que afectaba al hermano de aquél».
Para la magistrada, no existe duda de que «los hechos acontecieron en un instituto, ni de la condición de funcionario público de la víctima, ni tampoco del carácter de función pública que debe reconocerse a la prestación de servicios de enseñanza, acometiéndose violentamente contra el director en el ejercicio de sus funciones por lo que la conducta del acusado constituye un delito de atentado».
Esta es la segunda sentencia condenatoria por este tipo de delito que se produce en Málaga. La primera fue dictada el pasado mes de enero por el Juzgado de lo Penal número 10. En aquella ocasión el juez condenó a un año de cárcel a la madre de un alumno que golpeó a una maestra del colegio Manuel Altolaguirre.
