La defensa de Baltasar Garzón no da por perdido el proceso abierto en el Tribunal Supremo por presunta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo. Ayer recurrió con un nuevo escrito de alegaciones ante la Sala de lo Penal la decisión del magistrado que instruye la causa, Luciano Varela, de rechazar su solicitud para practicar nuevas pruebas. En concreto, el juez había pedido las declaraciones testificales de tres magistrados de la Audiencia Nacional, la del fiscal jefe de este tribunal y los testimonios de diversos juristas internacionales.
El recurso de Garzón va en contra de la decisión tomada el pasado lunes por Varela, en la que no se pronunció sobre la petición de pruebas con el argumento de que la Sala de lo Penal aún no había resuelto un recurso anterior de Garzón referido al auto del propio Varela en el que apreciaba indicios de delito para procesar al juez por prevaricación.
El abogado del juez de la Audiencia Nacional, Gonzalo Martínez-Fresneda, dejó entrever que el magistrado del Supremo incurrió en una especie de trampa jurídica al no contestar a su cliente, y que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le ampara al tratarse de una causa que se está tramitando por el procedimiento abreviado y no ordinario.
El objetivo de las pruebas testificales pedidas por Garzón es demostrar la existencia de un debate acerca de los crímenes contra la humanidad, la vigencia de las leyes de amnistía y el alcance de la prescripción en los casos de desaparición de personas, que en caso de ser real desmontaría la imputación del Supremo contra el juez, según su abogado.
