Los daños ocasionados por el temporal de lluvias y el desbordamiento del río Guadalhorce a su paso por Alhaurín de la Torre van más allá de las viviendas y los cultivos. El agua, unida a la situación de abandono, provocó la muerte de casi una treintena de animales ubicados en un centro ecuestre ilegal de la barriada de Santa Amalia. Los restos tuvieron que ser retirados por operarios municipales ante el peligro que suponían para la salud pública. Por ello, ahora tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil -a través del Seprona-, estudian querellarse contra el propietario de la parcela.
La administración asegura que el propietario se encuentra «ilocalizable», por lo que han tenido que correr con los gastos de recogida e incineración de los cadáveres de nueve caballos adultos, seis ponis, cinco cabras y siete perros que, con la riada, llegaron hasta la vía pública. Desde el consistorio anuncian que pasarán los costes de estos trabajos, realizados el lunes, al dueño de la parcela.
La retirada tuvo que hacerla una empresa especializada en la materia y homologada por la Junta de Andalucía. Además, los servicios veterinarios de Emergencias 112 y la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía realizaron un informe del estado del solar, mientras que agentes de la Policía Local y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil levantaron acta del suceso. Para evacuar a los animales muertos en el interior de la propiedad, «un empleado del centro ecuestre abrió las puertas de los establos y edificaciones, por lo que no fue necesario forzar cerraduras ni pestillos», aseguraron desde la administración local.
Insalubridad
El titular del área municipal, Juan José González, calificó la zona, antes de la retirada de los cadáveres, como «un auténtico desastre zoosanitario». Desde que se tuvo noticia del hecho, fue achacado por los vecinos y por las autoridades como «de responsabilidad única y exclusiva del propietario, que se ha desentendido absolutamente de los animales». Ante esta circunstancia, el consistorio destaca que se trata de «una grave negligencia que ha derivado en un delicado problema de salud pública».
Santa Amalia es la barriada rural más afectada de Alhaurín de la Torre por el temporal. Su cercanía al Guadalhorce y los desembalses que han tenido lugar los últimos días no han hecho sino agravar la situación de un área del término municipal en la que las construcciones son ilegales por su calificación como de especial protección. Aún así, en la zona, existen muchas fincas donde los dueños cuidan animales. Por ello, cuando se produjeron las primeras inundaciones, los propietarios se aseguraron lo más rápido posible de poner a sus ejemplares a buen recaudo.
Así le ocurrió a Antonio Jiménez, que vive con su familia desde hace años en el diseminado, es propietario de caballos y quien, nada más conocer los riesgos a los que se enfrentaban con las lluvias, se encargó de trasladarlos al recinto de un conocido en las inmediaciones de Málaga. Afortunadamente, la reacción de Jiménez fue la misma de todos los propietarios de la zona, a excepción del dueño del centro ecuestre.
Denuncias anteriores
Hace menos de un año el Seprona denunció el estado de abandono en que se encontraba la finca, ante los avisos y denuncias de los particulares. En aquella ocasión, además de trasladar los respectivos informes al Ayuntamiento, la OCA y la delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Málaga, los agentes se incautaron de un tigre que habitaba en el recinto. Ahora, Virginia Solera, secretaria de la asociación CYD Santa María, critica que «los tres organismos públicos con competencias para salvaguardar la situación en la que se encontraban los animales no han hecho nada».
En este sentido, desde el colectivo que se encarga del cuidado de animales abandonados, se destaca que las soluciones «se han buscado a 'posteriori', cuando se tenía que haber evitado el problema». CYD Santa María estuvo presente durante aquella intervención y recuerda que «ya entonces el Seprona advertía de los peligros que corrían al encontrarse en una explotación ecuestre situada en una parcela calificada como zona inundable».
