Una de las apuestas tecnológicas del Ayuntamiento de Málaga, la de ofrecer gratuitamente a la ciudadanía la conexión sin cables a Internet en cuarenta instalaciones municipales, le puede salir muy cara. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto una multa de 300.000 euros al Consistorio por operar sin cumplir lo establecido en la normativa a este respecto. Una sanción histórica ya que es la de mayor cuantía impuesta por este organismo -dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio- a una administración pública en España.
En el expediente sancionador, fruto de año y medio de trabajo de este organismo regulador del mercado de comunicaciones electrónicas y servicios audiovisuales, se concluye que el Ayuntamiento ha cometido una infracción «muy grave» tipificada en la Ley General de Telecomunicaciones al explotar una red pública de comunicaciones sin haberse inscrito previamente en el registro de operadores. Un requisito indispensable para no interferir en la libre competencia.
La Red Biznaga se puso en marcha en agosto de 2008 y permite a los usuarios municipales -previa solicitud de clave de usuario y contraseña- disponer de acceso ilimitado y gratuito a las páginas de la corporación local para obtener información o hacer trámites administrativos vía on-line, a navegación web (excepto páginas pornográficas y violentas) y a servicios de correo y chat.
La normativa permite a las administraciones públicas la autoprestación del wifi para «satisfacer las necesidades propias del servicio municipal» así como en las bibliotecas, centros culturales o dependencias municipales donde se imparten cursos. La CMT sostiene que en el caso de Málaga no se cumplen estos supuestos por lo que impone la sanción e insta al Consistorio a inscribirse como operador, a establecer una separación contable para evitar la transferencia de fondos públicos y a operar con arreglo a los principios de «neutralidad, transparencia y no discriminación».
Unos argumentos con los que no está de acuerdo el equipo de gobierno del PP. El concejal de Nuevas Tecnologías, Francisco José Salas, anunció que estudian interponer un recurso contencioso-administrativo contra esta sanción al entender que «no tiene razón» desde el punto de vista jurídico y parece «a todas luces carente de sentido».
Salas esgrimió que antes de la implantación del servicio se consultó a la CMT y que en virtud de la respuesta que dio se adecuó esta iniciativa a lo requerido y añadió que esta oferta encaja dentro del régimen de autoprestación. «La prestación del servicio de acceso a Internet es necesaria y complementaria para satisfacer las necesidades de los servicios prestados en cualquiera de nuestras sedes municipales», sostuvo.
Desde la oposición, PSOE e IU criticaron «la torpeza» del PP en este caso, a su juicio, un ejemplo más de como incumplen la legislación vigente. Además, indicaron que va a suponer un importante desembolso económico para la ciudad.
