Málaga cuantifica la oferta ilegal de pisos turísticos y si hay zonas saturadas

Turismo espera concluir para Navidad un informe sobre las viviendas que operan al margen de la ley y Urbanismo estudia medidas para evitar la congestión

PILAR MARTÍNEZ MÁLAGA.

Desde la última reunión del Foro de Turismo de Málaga, en el que se alzó la voz para poner orden en el negocio de las viviendas turísticas de la ciudad instando incluso a llevar hasta a la Fiscalía a las plataformas que incluyen a los inmuebles no declarados, se han sucedido en cascada actuaciones e iniciativas de una parte y de otra. Y es que el Ayuntamiento de Málaga tiene claro que no se pueden mantener pasivos. «Es complejo tanto el problema como las posibles soluciones. Pero no cabe duda que desde el Foro de Turismo se nos encomienda al Ayuntamiento ser proactivo e intentar capitanear soluciones, tanto imaginativas como del mayor consenso posible», dijo Julio Andrade, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade.

En este paso a la acción, el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol pone el foco en la oferta ilegal, en las viviendas que no se han sumado a la norma y que están haciendo negocio sin cumplir con los requisitos y sin estar registrados. Paralelamente el área de Urbanismo tiene previsto encargar un estudio para determinar si existen zonas saturadas por estos negocios a fin de seguidamente acometer una estrategia con todos los actores para evitar la congestión, sin descartar que se pudiera activar la competencia sobre el uso urbanístico. «No tanto una moratoria pero sí delimitar calles del Centro Histórico, donde hay una alta concentración de viviendas turísticas. Más del 85% se concentran ahí. Se trata de ver zonas que puedan estar delimitadas como saturadas de viviendas turísticas, lo que sería un asunto de calificación de uso», señaló Andrade.

La primera medida, en la que ya lleva el área de Turismo un par de meses trabajando y espera tener ultimado este estudio en Navidad, es cuantificar las viviendas turísticas que están haciendo negocio en la ciudad para saber cuántas están al margen de la ley. «Son unos datos que nos deberían dar las plataformas turísticas, porque la gran mayoría de los propietarios hacen uso de estas webs. Tenemos que poder exigirles, con todos los mecanismos legales a nuestro alcance, que no permitan que un propietario pueda poner en alquiler una vivienda turística que no está registrada. Eso es una obligación», sentenció Andrade, que advirtió que es clave poner coto al que no cumple la ley «ya no sólo porque no pague impuestos que ya es grave, sino porque no oferta la calidad adecuada, se salta las normativas de seguridad y al final ofrecen una vivienda en Málaga que no tiene un estándar de calidad. Y eso es malo para todos y también para la imagen que puedan dar las viviendas turísticas regladas. En esta complicidad debemos y queremos estar todos». En esta lucha también animó a ampliar y reforzar la inspección que compete a la Junta. «Nos consta que el equipo de inspectores hacen un buen trabajo, pero son los que son. Creo que tres para toda la provincia y ante esta situación son insuficientes. No dan abasto a inspeccionar las que se dan de alta, pues menos las que operan ilegalmente», precisó para insistir en que «no descartamos ninguna acción y queremos tenerlas todas encima de la mesa y estudiadas jurídicamente en función a nuestras competencias. No nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que la suma de viviendas turísticas de baja calidad sea algo que provoque un problema a Málaga. Aún no lo es, pero lo está siendo en otras ciudades españolas que creo que no han actuado tan preventivamente como nosotros».

Sobre la vía emprendida por Urbanismo, Andrade aseguró que «está estudiando esta posibilidad de declarar zonas saturadas de viviendas turísticas. Esa es una de las opciones, pero me consta que también se está en contacto con otros municipios para ver qué están haciendo y cómo han avanzado jurídicamente. San Sebastián es uno de ellos y se trata de ver el encaje jurídico y los resultados». Lo que sí tiene claro es que «hay que sacar del mercado esta oferta ilegal, que perjudica a los vecinos, a los alojamientos reglados y al destino», poniendo en valor la competencia municipal de velar por la convivencia.

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