Hacienda obliga a las plataformas a informar de clientes e ingresos del alquiler turístico

Plataformas de alquiler vacacional tendrán que dar cuenta a Hacienda de sus clientes y su negocio. /SUR
Plataformas de alquiler vacacional tendrán que dar cuenta a Hacienda de sus clientes y su negocio. / SUR

El Consejo de Ministros aprobó ayer que los intermediarios que mueven este negocio identifiquen a huéspedes y den cuenta de los días de estancias y del precio

P. MARTÍNEZ / D. VALERA MÁLAGA/MADRID.

El Gobierno dio ayer un paso importante para controlar el vacío legal en el que se mueven los alquileres de viviendas turísticas en plataformas como Airbnb o Homeway, que hasta ahora se amparaban, para no dar cuenta de la actividad, en que eran intermediarios que tenían que proteger los datos sobre sus clientes y el negocio de los mismos. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó una normativa en la que obliga a los intermediarios de estos arrendamientos, en particular las denominadas «plataformas colaborativas», a identificar a los cesionarios y cedentes de los apartamentos con fines turísticos, así como de la vivienda cedida y el importe por el que se ha cedido. Una información que deberán remitir a Hacienda. El objetivo de esta medida es luchar contra el fraude fiscal, ya que muchas de estas operaciones se escapan a los ojos de la Agencia Tributaria.

El ejecutivo no detalló la manera en que se llevará a cabo esta nueva obligación de información, ya que se desarrollará en una orden ministerial. Sin embargo, en el borrador del decreto que fue sometido a audiencia pública se establecía que esa declaración informativa será mediante un formulario que deberá contener el «titular de la vivienda alquilada con fines turísticos» así como la identificación de las personas «cesionarias» y el «número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos» y su importe.

La declaración será obligatoria para personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios, en particular, las personas o entidades constituidas como plataformas colaborativas que intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información.

La entrada en vigor de la declaración informativa de la cesión de viviendas con fines turísticos está prevista para el mes de julio y conllevará también la obligación de presentar informes periódicos, con el objetivo de que declaren «con más detalle» su actividad, en el marco de las actuaciones que viene realizando el Ministerio de Hacienda en los últimos años para reforzar la vigilancia sobre el alquiler vacacional y en el mayor control normativo sobre las empresas de alquiler de viviendas y vehículos.

Ya el año pasado la AEAT avisó a un total de 21.500 contribuyentes de que tenía constancia de que habían alquilado un inmueble, y que, por tanto, tenían que incluir el dinero que hubiesen recibido por este concepto en su declaración.

La medida aprobada recibió el respaldo del sector turístico, que lleva varios años denunciando lo que consideran una competencia desleal de estas plataformas. En concreto, la patronal Exceltur mostró su «satisfacción» por esta norma. «Suponen un paso muy importante en el papel que han de jugar las plataformas de internet para ayudar a que la prestación del servicio de alojamiento turístico se realice garantizando la contribución fiscal a la Hacienda española y responda a los protocolos de suministro de información necesarios para preservar la seguridad nacional», señaló en un comunicado. En este sentido, desde Exceltur defendieron que esta medida busca responder a los retos del hasta ahora «crecimiento descontrolado del alquiler turístico en un contexto de general opacidad» Por eso, animaron al resto de administraciones públicas con competencias en el turismo (comunidades y ayuntamientos) a «reforzar el marco legal» de esta actividad que en algunos municipios masificados de turistas ha provocado movimientos de rechazo vecinal e incluso acciones de 'turismofobia'.

Por su parte, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, consideró que esta norma debía estar en marcha ya desde hace tiempo por parte de Hacienda. «Es importante buscar una fiscalidad más justa. Las viviendas de alquiler turístico son una oferta alojativa más, como los camping, los apartamentos o los hoteles y, por tanto, es una actividad económica que debe tener una fiscalidad», dijo. En este sentido, señaló que estas nuevas obligaciones redundarán también en una mejora de la calidad de la oferta y señaló que «los que se alojan en estos inmuebles también hacen uso de las infraestructuras y de los servicios del destino, por lo que la responsabilidad tiene que ser compartida».

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