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J. Luis Alvarez
Madrid
Sábado, 11 de noviembre 2017, 00:09
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A partir del próximo mes de mayo quedará excluido el consentimiento tácito para el uso de los datos personales, por lo que cada persona deberá de responder sí o no en los cuestionarios donde se le pida información de índole particular. Así lo recoge el proyecto de ley orgánica de protección de datos que ayer aprobó el Gobierno y que, además de aumentar la seguridad jurídica, adapta la ley española al Reglamento de la Unión Europea de 2016.
La normativa comunitaria, que se aplicará a partir del 25 de mayo de 2018 y que trata de unificar la legislación de los países socios, adelanta a los 13 años la edad de consentimiento para el tratamiento de datos. Además de excluir el consentimiento tácito, el proyecto de ley recoge el deber de confidencialidad. Una reserva que no se cierra con el fallecimiento del individuo, dado que será tenido en cuenta el tratamiento de los datos correspondientes de éste en base al deseo de sus herederos.
Otra de las novedades de la nueva ley es que en caso de una inexactitud en los datos personales obtenidos de forma directa se excluye la imputabilidad del responsable de su tratamiento, si éste ha adoptado medidas para su rectificación o supresión.
Para el tratamiento de toda esta información se añade el principio de transparencia, en cuanto al derecho de los afectados a ser informados sobre el uso que se haga y contempla de forma expresa los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.
Para evitar cualquier tipo de discriminación, la ley mantendrá la prohibición de almacenar datos de especial protección como la ideología, la afiliación sindical, la religión, la orientación sexual, el origen racial o étnico y las creencias. Estas categorías, aunque la persona lo autorice, no podrán ser utilizadas.
Otra novedad es la regulará situaciones en las que se aprecia la existencia de interés público, como son los relacionados con la videovigilancia y sistemas de exclusión publicitaria -'listas Robinson'-, la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado.
El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, explicó que el proyecto ley «no ataja el tratamiento de las plataformas que tienen sus sede social fuera de la UE, lo que impide acceder a ellas para tener un control sobre nuestros datos». Además, Domingo destaca que aunque se fijan multas, no se aborde la compensación económica por los trastornos que puede ocasionar la mala utilización de los datos, «que son el 'oro negro' de las empresas, su elemento de negocio hoy en día».
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