Las madres de hijos asesinados también serán víctimas de violencia de género

Ruth Ortiz testifica durante el juicio contra su exmarido, José Bretón, por el asesinato de sus hijos. :: Rafa Alcaide / efe

Podemos mantiene, de momento, su abstención al texto consensuado en el Congreso por el resto de los partidos para lograr un pacto de Estado

DANIEL ROLDÁN MADRID.

Ruth y José fueron asesinados por su padre el 8 de octubre de 2011. Su padre, José Bretón, fue condenado a 40 años de cárcel. David Oubel se convirtió el 7 de julio en el primer español condenado a prisión permanente revisable por asesinar el 31 de julio de 2015 a sus dos hijas, Amaya y Candela. Ninguna de estas cuatro víctimas habían superado los diez años. Uno de los motivos que llevó a los progenitores a matar a sus propios hijos fue la venganza contra su madre, de la que estaban divorciados. Un tipo de violencia psicológica que golpea de forma salvaje a las madres, que serán consideradas como víctimas de violencia de género cuando se apruebe el pacto de Estado.

Esta propuesta del PSOE fue consensuada por todos los partidos, que ayer realizaban negociaciones de última hora de cara al debate que se realizará hoy en el pleno del Congreso, donde la Cámara debe aprobar el texto para conseguir un pacto de Estado de Violencia de Género. Unidos Podemos mantiene la abstención con la que deslució su aprobación el pasado 28 de julio en la Comisión de Igualdad. «Hay diferencias políticas de enfoque muy profundas», explicó la portavoz morada Ángela Rodríguez. «Lo importante era conseguir un paquete de medidas. Seguro que hay muchas cosas que hacer», señaló la portavoz popular Carmen Dueñas.

Teléfono de atención a víctimas por violencia de género

Durante siete meses, los partidos negociaron un paquete de mejoras que se plasmaron en 48 páginas. Son 213 medidas que abarcan todos los aspectos, incluyendo la ampliación del término violencia de género a otro tipo de agresiones contra la mujer, como la trata de blancas, la mutilación genital, el acoso sexual, el proxenetismo o el matrimonio forzado. Ya no será necesario presentar una denuncia para lograr todos los derechos y la protección que se otorgan cuando es reconocida como víctima de la violencia machista. Tendrán un seguimiento y atención personalizado tras los informes pertinentes.

Ámbitos de actuación

Además, se implantará un subsidio para las víctimas que estén en situación de desempleo, la creación de unidades de valoración forense en todos los juzgados y asistencia jurídica gratuita garantizada y se intensificarán las campañas o la prevención en las escuelas.

Una de las grandes novedades es la ampliación de los ámbitos de actuación para luchar contra esta lacra social, que se ha cobrado este año la vida de 37 mujeres -cinco más que el año pasado a finales de septiembre- y que puede llegar a 40 si se confirman los tres casos que están en investigación. Los ambulatorios harán un primer cribado, pero el papel importante lo recuperan los ayuntamientos. Volverán a tener las competencias para luchar contra la violencia machista y crearán equipos multidisciplinares para acompañar a la mujer en todo el proceso; desde la detección precoz hasta el acompañamiento en la toma de decisiones, la protección y el acceso a las ayudas y las prestaciones sociales que le correspondan.

Para vigilar el cumplimiento de estas medidas, el texto recoge la creación de una comisión similar a la del Pacto de Toledo para velar por el cumplimiento del acuerdo, que tendrá un presupuesto de unos 1.000 millones, financiado por el Gobierno -unos 400 entre todos los ministerios implicados-, las comunidades autónomas -500 millones- y los ayuntamientos -100 millones-. Un presupuesto a repartir en cinco años y que el PSOE espera que se aplique «cuanto antes», como indicó la portavoz Ángeles Álvarez.

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