Huelga legislar

La Constitución ordenó en 1978 regular el derecho de los trabajadores a parar. Nunca se ha hecho: partidos y agentes sociales no se ponen de acuerdo

La Guardia Civil se encarga de coordinar la seguridad de los pasajeros en el aeródromo barcelónes de El Prat.
La Guardia Civil se encarga de coordinar la seguridad de los pasajeros en el aeródromo barcelónes de El Prat. / Efe
INÉS GALLASTEGUI

El terrible atentado de Barcelona puso el jueves un paréntesis en la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen. Desde que la protesta laboral en demanda de mejoras salariales y aumento de plantillas comenzó el pasado lunes, la calma volvió al aeropuerto de El Prat. Con unos servicios mínimos del 90% y agentes de la Guardia Civil supervisando las operaciones de seguridad, las colas de viajeros desaparecieron: pasar los filtros de control era más rápido que hace un par de semanas, antes de que los empleados de la contrata rechazaran la propuesta de subida salarial resultante de la mediación de la Generalitat y se declarasen en paro.

¿Cómo es posible? La situación es fruto de la actual regulación del derecho de huelga, que combina un decreto-ley de 1977 con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y dota al Gobierno de poderes extraordinarios para evitar que un conflicto laboral cause graves daños a la economía del país o bloquee servicios básicos para los ciudadanos. Eso sí, siempre ‘in extremis’, cuando todas las demás vías de negociación y mediación han fallado. «Es una ley preconstitucional y de naturaleza autoritaria. Habría que aprobar una nueva», se queja Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras. «En general, funciona bien», opina por el contrario Jordi García Viña, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

La regulación de la huelga tiene 40 años. Los expertos echan de menos una nueva ley que prevea al detalle los servicios mínimos esenciales sin vulnerar derechos laborales

Franco había muerto dos años antes y España era una olla a presión. En 1976, año anterior a la aprobación del decreto sobre relaciones de trabajo, hubo 1.568 huelgas, en las que participaron 3,6 millones de trabajadores y que supusieron 110 millones de horas de trabajo perdidas. Una vez aprobada la Constitución, que declaraba el de huelga entre los derechos fundamentales de los españoles, el Tribunal Constitucional ‘blanqueó’ los aspectos más controvertidos del texto y numerosos artículos –como los relativos a la negociación colectiva o el despido– quedaron derogados por la aprobación de nuevas disposiciones específicas. Quedó pendiente la aprobación de una ley orgánica que regulara al detalle el ejercicio de ese derecho.

¿Es necesario aprobar una ley de huelga? Entre los partidos políticos, los agentes sociales y los especialistas en Derecho del Trabajo, las opiniones son diversas. Y contradictorias: la CEOE coincide con Podemos, UGT y el PSOE en que legislar sobre este derecho no es perentorio, mientras Ciudadanos y CCOO creen que el tema merece un debate sosegado pero inaplazable. Por razones distintas, claro.

Estibadores se manifiestan en el puerto de Ferrol durante una jornada de huelga. / Kiko Delgado

Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la patronal, destaca que los agentes sociales son conscientes de que la huelga es el último recurso en una negociación, por lo que su incidencia en España ha ido en claro descenso desde la Transición. A su juicio, la legislación vigente se ha mostrado suficiente para resolver los problemas en torno a esta forma de protesta, con excepciones. «Hay pocas huelgas, pero las que hay están conectadas con la Administración pública o empresas semipúblicas y su impacto es altísimo. La incidencia en la empresa privada es muy poquita. Es un elemento de salud laboral», asegura.

Derechos pisoteados

«Más que desarrollar una ley, lo que hace falta es despenalizar el derecho a la huelga», zanja Rafa Mayoral, secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos. El diputado de la formación morada recuerda que en España hay más de 300 sindicalistas imputados en aplicación de la llamada ‘Ley Mordaza’ o el artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de prisión para las conductas coercitivas de los piquetes. En su opinión, las voces que reclaman ahora una nueva ley «tratan de desenfocar el problema fundamental, que es la desvalorización de los salarios, la precarización del empleo y las privatizaciones que favorecen a los especuladores, pisotean los derechos de los trabajadores y no mejoran los servicios públicos».

«Es imprescindible una norma que se adapte a las demandas actuales» ciudadanos

«Es un debate interesado que se desempolva cuando hay un conflicto» Toni Ferrer, PSOE

Toni Ferrer, actual secretario de Empleo y Relaciones Laborales en la ejecutiva del PSOEy exnúmero dos de UGT, lo corrobora. «Es un debate interesado que se desempolva cada vez que hay un conflicto con impacto sobre los usuarios. En realidad, lo que se pretende es recortar el derecho constitucional de los trabajadores a la huelga y avalar prácticas claramente autoritarias como las que está llevando a cabo el Gobierno», señala Ferrer. Fuentes de la dirección del sindicato, por su parte, afirman que «el derecho de huelga ya está regulado y solo hay que cumplirlo».

Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CC OO, llega a una conclusión muy diferente. El problema, argumenta, es que el articulado de la norma original y las sentencias del Alto Tribunal dejan al arbitrio del gobierno de turno determinar cuáles son los servicios esenciales e imponer en qué proporción debe cumplirlos la plantilla en huelga. «En muchos casos los tribunales nos han dado la razón: eran abusivos», recuerda. Admite que legislar «en caliente» no es buena idea. «Pero somos una sociedad madura y podemos abordar el debate de una manera sosegada y fría», asegura.

«El problema es la bajada de los salarios y la precariedad» rafa mayoral, podemos

«El derecho de huelga ya está regulado. Solo hay que cumplirlo» ugt

Quien más decididamente apuesta por aprobar una ley «consensuada por todos los grupos parlamentarios» es Ciudadanos. España, subrayan fuentes de la dirección del partido naranja, necesita «una ley que responda a las necesidades actuales de nuestra democracia y que en lugar de parchear la de 1977 ofrezca una visión de conjunto». El proyecto iba en su programa electoral y ha sido objeto de varias iniciativas parlamentarias. El objetivo es «establecer el equilibrio entre la protección al derecho a la huelga y el derecho al trabajo». Los servicios mínimos en áreas esenciales son «el único mecanismo para evitar daños desproporcionados a la sociedad a raíz de un conflicto laboral», pero a menudo «no están bien definidos y han sido mal aplicados».

«Es el único derecho fundamental que no está desarrollado en una ley orgánica» carlos gutiérrez, ccoo

«Los servicios mínimos carecen de legitimidad y por eso no se cumplen» jesús lahera, profesor

Los expertos también razonan en la misma dirección. Jesús Lahera Forteza, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense, considera «imprescindible» un nuevo texto, porque una regulación basada en la jurisprudencia produce «inseguridad jurídica». Aboga por clarificar los servicios mínimos esenciales con un modelo más consensuado entre las partes: «Ahora los fija el Gobierno sin apenas control y la consecuencia es que carecen de legitimidad y no se cumplen». Otro problema es adecuar la norma a las nuevas formas de organización productiva, como las contratas. «Los conflictos afectan casi siempre a terceros –la empresa principal que subcontrata o los clientes que reciben servicios– y hay que poner límites adaptados a ello».

Las claves

¿Qué hacen otros países?
El catedrático de Derecho del Trabajo Jesús Cruz Villalón resalta que la UEno tiene competencias y no hay un único modelo. En Inglaterra no hay ley ni límites. Italia solo regula los servicios esenciales. Alemania prohíbe parar a los funcionarios. El modelo francés es el más parecido al nuestro. En muchos países no están autorizadas las huelgas políticas; en España ha habido siete en democracia.
28.2
es el artículo que reconoce el derecho de huelga de los trabajadores «para la defensa de sus intereses» en la Constitución. «La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad», añade la Carta Magna.
Esquiroles, no.
El artículo 6 del decreto-ley de 1977 prohíbe expresamente la sustitución de los trabajadores en huelga. El Gobierno justifica la presencia de guardias civiles en los controles de El Prat en la necesidad de garantizar la seguridad, proteger a los usuarios y salvaguardar la imagen del país. Los sindicatos y la oposición de izquierdas consideran que es «esquirolaje». Los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército no tienen derecho a parar.
171 millones de horas de trabajo
se perdieron en las 1.789 huelgas, con 5,7 millones de trabajadores implicados, de 1979. Es el récord, según datos de la CEOE. En contraste, el año pasado hubo 823 conflictos, con 805.000 participantes y 11 millones de horas perdidas.
Huelgas con impacto.
Una de las huelgas más sonadas fue la de los pilotos del SEPLAen 2006. Los transportistas pararon en 2008 en protesta por el precio del gasóleo. Los controladores obligaron a cerrar el espacio aéreo en 2010. Huelgas sin servicios mínimos llenaron de basuras Madrid en 2010 y Jerez de la Frontera en 2012.

Para el catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Cruz Villalón, hay dos vacíos muy importantes en la regulación actual. Uno, la definición exacta de los servicios esenciales, porque la jurisprudencia no la aclara del todo. En general, son los que afectan a derechos fundamentales: así, una huelga de profesores podría vulnerar el derecho a la educación. Pero hay matices: si un conflicto laboral bloquea un aeropuerto, el impacto no es el mismo para las personas con residencia en las islas, que no tienen alternativa al transporte aéreo, que para las que viajan a la península. Y no es tan esencial la atención sanitaria en las consultas de primaria o cirugía programada como en urgencias. La ley, insiste, debería regular de forma más minuciosa todos estos supuestos.

Que se note la huelga

Por ejemplo, el Gobierno se ha apoyado en la actual normativa para establecer servicios mínimos del 90% a los 400 trabajadores de Eulen en El Prat, un porcentaje que tanto los sindicalistas como algunos expertos consideran «abusivo». «El tiempo de espera de los viajeros está siendo de 4 minutos, más reducido que en una situación normal», lamenta Cruz Villalón, árbitro de conflictos laborales. A su juicio, el establecimiento de los servicios mínimos esenciales debería buscar el equilibrio:«Que la huelga tenga un efecto, porque es el derecho de los trabajadores, y que no produzca un daño desmesurado a los usuarios». Y el segundo gran vacío es, según su criterio, la huelga de los funcionarios, a los que ‘de facto’ se aplica la regulación general.

«La huelga debe tener efecto sin hacer un daño desmesurado» jesús cruz villalón, catedrático

«Las pocas huelgas que hay están conectadas con la Administración» jordi garcía viñas, ceoe

La experiencia de las cuatro últimas décadas demuestra que la ley de huelga es un asunto delicado, incómodo, al que ningún gobierno se ha decidido a meter mano en cuatro décadas. En 1993, Felipe González –agobiado por la conflictividad social tras la reconversión industrial– acordó con los sindicatos un borrador que fue aprobado por el Congreso y el Senado, pero entró en vía muerta y, tras las elecciones, que volvió a ganar el PSOE, ya no vio la luz.

A la espera del laudo de obligado cumplimiento

El conflicto de los trabajadores de seguridad de El Prat está pendiente del laudo de obligado cumplimiento que dicte el árbitro nombrado por el Gobierno. Los empleados de Eulen rechazaron el día 10 la propuesta de los mediadores de la Generalitat: 200 euros más por 12 pagas y 76 contrataciones. Sindicatos, PSOEy Podemos coinciden en que el problema de fondo son las privatizaciones de servicios públicos con licitaciones a la baja, que repercuten en los salarios y las plantillas: los sueldos en la concesionaria de AENArondan los 900 euros en 15 pagas (1.200 con complementos, según El Prat). En todo caso, los sindicatos de la empresa semipública que gestiona los 48 aeropuertos del país han anunciado 25 jornadas de huelga desde el 15 de septiembre hasta fin de año, incluidos todos los puentes.

El PP es otro ejemplo: en 2010, en la oposición y tras la huelga «salvaje, insolidaria e ilegal» –según los populares– de los empleados del Metro de Madrid, exigía al Ejecutivo de Zapatero que acometiese ya la redacción de la norma. En 2012, ya en el poder, la ministra Fátima Báñez afirmaba que la ley no era una prioridad. Solo un año después, tras un paro laboral que inundó Madrid en basura, Mariano Rajoy anunció que había encargado estudiar la regulación de los servicios mínimos en sectores estratégicos. Hasta hoy.

Basura acumulada en Málaga durante las protestas de los operarios en marzo de 2016. / Jorge Zapata

«Solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena», admite Jesús Cruz Villalón. Y parece que 2017, con la huelga de los estibadores aún en la memoria y el horizonte de un ‘otoño caliente’ en los aeropuertos,será un año de fuertes tormentas.

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