El Gobierno tiene dos meses para concretar las medidas contra la violencia machista

Una mujer de 32 años muere apuñalada en Vizcaya por su marido, que después se suicidó lanzándose por la ventana desde su domicilio

DANIEL ROLDÁN / AINHOA DE LAS HERAS MADRID / BILBAO.

Ruth Ortiz observaba el pleno del Congreso de los Diputados desde la tribuna de invitados. Su presencia no pasó desapercibida para los portavoces de los grupos políticos que defendieron las bondades del texto para lograr un pacto de Estado contra la Violencia de Género nacido en el seno de la Comisión de Igualdad. Un primer paso para intentar paliar esta lacra social, que ayer mismo, mientras el pleno de la Cámara baja debatía los votos particulares de las diferentes formaciones, se cobraba en Vizcaya su trigesimo octava víctima del año: Noelia Noemí, una joven colombiana de 32 años, moría apuñalada por su marido, Eneko F. H., de 38 años y que al parecer se encontraba en tratamiento psicológico, en su casa de Sestao. Presuntamente, le cortó la yugular en la casa que ambos compartían en el número 7 de la trasera de la plaza de los Tres Concejos. Después, se suicidó tirándose de un séptimo piso. Es la primera víctima mortal en el País Vasco en 2017.

Entre las propuestas particulares que no se contemplaban en el texto aprobado el 28 de julio se encontraba que las madres como Ruth, que han visto cómo los padres mataban a sus propios hijos para vengarse de ellas, sean consideradas también víctimas de violencia de género. Este punto fue consensuado por todos los partidos. «Ruth, te quiero decir que el Gobierno no va a dimitir en la lucha contra la violencia de género. Es nuestro compromiso y una cuestión de Estado. Vamos a luchar contra esta lacra», espetó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, durante el debate. El texto se aprobó con 278 votos a favor y 65 abstenciones, las de Unidos Podemos y EH Bildu. La formación morada defendió su decisión porque el documento no incluye ni calendario ni presupuestos. El texto solo contempla una cuantía de 1.000 millones en cinco años para desarrollar las 213 medidas aprobadas. «Es un paso adelante que tendrá que ir mejorándose», aseguró tras la votación Ruth Ortiz, quien reconoció que después de leerse el texto salido de la Comisión, vio que mujeres como ella no estaban contempladas en el pacto de Estado.

Desde el momento en que el Gobierno reciba el documento de la Cámara baja y el texto aprobado hace dos semanas por unanimidad en el Senado, se abre un plazo de dos meses para que el Ejecutivo matice la ley tras escuchar a las comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones sociales y Poder Judicial. Después, tendrá cuatro meses para proponer las reformas legales necesarias y activar las primeras iniciativas.

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