Culpable de grabar al ladrón

Un noruego, multado con 8.000 euros por colgar en Facebook las imágenes captadas por la cámara de seguridad de su taller cuando era asaltado. Pedía ayuda para identificarlos y le acusan de violar sus derechos

Tor Sigurd Bransdal durante una entrevista para la televisión noruega. / E. C.
MIKEL FONSECA

Si quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón, quien lo graba en vídeo y difunde las imágenes por internet se expone a una multa. 8.000 euros en este caso, el de Tor Sigurd Bransdal, un autónomo noruego que, harto de la impasividad de la Policía ante los veinte años de sucesivos robos que lleva sufriendo en su negocio –el último de ellos, un andamio valorado en 5.000 euros–, decidió poner todo de su parte para ayudar a la justicia y detener a los delincuentes.

El 18 de mayo, la videocámara de seguridad instalada en su taller captó a los cacos in fraganti. Bransdal acudió con la grabación a la Policía, que desestimó a principios de junio el caso debido a la «falta de información sobre el delincuente». Impotente ante la respuesta institucional, buscó ayuda en las redes sociales y publicó una instantánea de los ladrones en su muro de Facebook pidiendo ayuda para identificarlos. Y aquí es donde Datatilsynet, la Autoridad Noruega de Protección de Datos, aprecia una infracción: imputar un supuesto delito que todavía no ha sido juzgado y difundirlo en las redes, lo que les ha llevado a actuar de oficio contra el mecánico. Resultado, una abultada sanción.

La agencia noruega de Protección de Datos: «Es sólo la punta del iceberg»

El caso ha levantado bastante revuelo en Noruega, donde Bransdal ha encontrado numerosos aliados entre una ciudadanía crítica con la inoperancia policial. Un sentimiento compartido en cierta medida hasta por el ministro de Justicia, Per-Willy Amundsen, quien se solidarizó con Tor Sigurd, señalando que se trata de «un caso muy especial» y que, sin llegar exculparle, «entiende» su reacción. «Este asunto es contrario al sentido de justicia de la gente», reflexionó al respecto. El vicepresidente de la Comisión de Justicia, Anders B. Werp, también mostró su empatía con el frustrado mecánico. Censuró a la Policía por no haber actuado pese a tener la obligación de «no descartar este tipo de casos», pero recalcando siempre «los riesgos de tomarse la justicia por sus propias manos».

el texto y la imagen que compartió en Facebook. / E. C.

Por su parte, el director de la agencia de Protección de Datos, Bjørn Erik Thon, recordó en la televisión pública que, pese a «comprender» a Bransdal, un enjuiciamiento severo de su actitud podía haberle costado hasta 97.500 euros, la cuantía máxima de las multas previstas por la legislación noruega por violar los derechos de las personas en internet. Pero también reconocío la existencia de, al menos, otros once casos similares. «Es solo la punta del iceberg», declaró, mientras Brandal admitía que sabía a lo que se exponía. «Era consciente de que estaba bordeando la ley», confesó, pero a renglón seguido puntualizó que «no me arrepiento de lo que he hecho» y anunció que recurrirá la sanción.

Legislación en España

En España, la legislación actual se encuentra en fase de tránsito. El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que sustituirá a la actual normativa vigente (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos) y comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018. Su objetivo es permitir que los estados de la UE, las instituciones, empresas y organizaciones que manejan datos vayan adaptándose para el momento en que el nuevo reglamento sea efectivo. La norma especifica que «sólo cuando el sistema de videovigilancia permita la grabación o el almacenamiento de imágenes se exigirá la creación de un fichero y su notificación previa a la AEPD»; es decir, exime a los circuitos cerrados que no almacenen las imágenes y advierte de la obligatoriedad de «informar de la existencia de un sistema de videovigilancia» mediante un cartel. En un caso similar al de Bransdal, «si el responsable constatase la grabación de un delito o infracción administrativa que deba ser puesta en conocimiento de una autoridad, y la denunciase, deberá conservar las imágenes a disposición de la citada autoridad».

Esta es la legislación imperante. Sin embargo, como constata Noelia García, directora de Abogados Portaley, «los ciudadanos de a pie desconocen el contenido de la normativa de protección de datos; han oído hablar de ella, pero no conocen los derechos y obligaciones derivados de la misma, ni las herramientas de que disponen para hacer valer sus derechos y proteger sus datos». En caso de incumplimiento de esta ley, que según el caso puede incluso vulnerar el derecho a la intimidad y privacidad, podría ser constitutiva de una infracción grave, sancionada con multas de 40.001 a 300.000 euros.

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