Alumnos y autoescuelas, atascados

 CNAE cree «indispensable» que cese el conflicto y que «no prosiga bajo ninguna circunstancia más allá de este mes». Miles de autoescuelas «han perdido el verano, y la sombría perspectiva de que en octubre sólo hubiera siete días libres de paros es inaceptable», pues de cumplirse «dejaría al sector en una posición tan crítica que, con toda probabilidad, centenares de centros de formación vial se verían abocados al cierre».

El presidente de la Confederación -agrupa a 58 asociaciones provinciales que dan servicio a unas 8.000 autoescuelas-, José Miguel Báez, advierte que «si la amenaza de los examinadores se cumple, la huelga entrará en su cuarto mes». «Tenemos los vehículos parados y nuestros potenciales clientes han dejado de matricularse», por lo que destaca que la «facturación del sector ha disminuido un 40% y muchos centros de Formación Vial están al límite de sus fuerzas». Báez añade que esta situación supone «la ruina para las 37.000 familias que viven de la formación vial en España, y otros sectores como los de los seguros y la automoción comienzan a resentirse».

Como solución al conflicto, desde las autoescuelas se sugiere a la DGT que cumpla el compromiso al que llegó con los examinadores en 2015 y que arbitre para ello la fórmula que considere más adecuada, al objeto de sortear las dificultades planteadas por Hacienda para el incremento salarial de 250 euros exigido por los examinadores. «Podría, por ejemplo, abonar la modesta cantidad que piden los examinadores en dos o tres años y con cargo a partidas de libre disposición, una solución provisional que no le impediría seguir negociando con Hacienda la subida del complemento específico», apunta CNAE.

Mientras, las autoescuelas reclaman unos servicios mínimos de al menos el 77% mientras duren los paros, a fin de evitar el colapso que se vive en algunas jefaturas provinciales de Tráfico, que no cuentan con ningún examinador disponible.

El máximo responsable de la DGT, Gregorio Serrano, reconoce los problemas que los paros generan a los ciudadanos y a los autoescuelas, a la vez que resalta que el organismo está realizando un «esfuerzo muy importante de planificación para los exámenes prácticos no hayan sido cero».

Para la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), la solución no es tan sencilla. De entrada ya exigen la dimisión o el cese del máximo responsable de la DGT, Gregorio Serrano, por su «falta de interés» en el conflicto. Y es que los examinadores recibieron la semana pasada una carta de Serrano en las que les reitera que su departamento no está capacitado para negociar los aumentos salariales con los funcionarios. El director de Tráfico explicaba que la DGT «ni ha prometido, ni prometerá incremento de sueldos, complementos específicos u otras retribuciones que no estén entre sus competencias conceder, aprobar o autorizar».

De entrada los examinadores recuerdan a Serrano que en marzo reconoció en una reunión con el colectivo que arbitrar un complemento específico era un compromiso alcanzado con su predecesora, María Seguí. Un asunto que el director volvió a mencionar en mayo durante una comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso.

Y es que los examinadores sí consideran que el organismo autónomo DGT, integrado en el Ministerio del Interior, puede autorizar ese incremento salarial, dado que es competente en gestionar el personal funcionario o laboral, sus medidas de formación, riesgos laborales y todo el capítulo de retribuciones. Para ello destacan que anualmente «se reparten doce millones de euros» entre los funcionarios del organismo bajo el «total arbitrio de los responsables de Tráfico». En todo caso, el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, se reunió la semana pasada con los portavoces parlamentarios de los partidos para que la subida salarial pueda incorporarse al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

A las reivindicaciones de Asextra se ha sumado el sindicato CSIF, pero la demanda económica se pretende trasladar al Ministerio de Hacienda dentro de las negociaciones sobre los salarios de los funcionarios en la mesa general de las administraciones públicas. CSIF también traslada esta reivindicación a los partidos políticos y se han adherido a las protestas los sindicatos USO y también la sección estatal de CGT.