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Detrás del alias Reset se esconde -según cuenta él mismo- Kan-Hua Ren, un joven de 19 años de ascendencia china y radicado en Cataluña al que siguen 1.150.000 usuarios en Youtube. De sus 84 vídeos actuales (los más polémicos han sido retirados), la mayoría son bromas pesadas y desafíos que le proponen sus seguidores.
Los 'youtubers' pierden la gracia

Los 'youtubers' pierden la gracia

Algunos países han decidido poner freno a los bromistas, en ocasiones de dudoso gusto, que inundan la plataforma de vídeos. Incluso les puede costar la cárcel

MIKEL FONSECA

Jueves, 9 de febrero 2017, 00:43

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Una búsqueda de la palabra broma en la web de vídeos Youtube devuelve más de cinco millones y medio de resultados. Y más de 31 millones si se usa el término en inglés, prank. No todas son graciosas, y no es cuestión de gustos: algunas rozan la ilegalidad y han procurado a sus artífices más de un encontronazo con la justicia. Bajo el seudónimo de Reset se esconde un joven de 19 años cuya definición de broma pasa por electrocutar gatos o dar galletas con pasta de dientes en su interior a un indigente. Esta última, perpetrada a finales del pasado mes de enero, le ha valido la denuncia del teniente de alcalde de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, el abogado Jaume Asens, que se suma a las acciones emprendidas por el propio mendigo.

De nada han servido las excusas del joven «mi infancia está plagada de violencia, mis padres se peleaban continuamente», «solo tengo un amigo en mi vida», «cometí un grave error al hacer esto en caliente», explica frente a la cámara en un vídeo reciente, ni las supuestas manipulaciones de terceras personas a las que acusa en el mismo vídeo, ni su intento de expiar su pecado pasando dos días viviendo como un sin techo, como muestra en otro publicado apenas hace una semana: la maquinaria judicial está en marcha por un supuesto delito contra la integridad moral y de odio. Por su parte, el Consell de lAudiovisual de Catalunya (CAC) consiguió que la plataforma retirase el vídeo de la red desde el pasado martes, Día del Internet Seguro, como ya hizo en junio del año pasado con otras cinco publicaciones que incitaban a la violencia machista.

«No solo el vídeo original precisa Xavier Margarit, portavoz del CAC, también todas las réplicas que han subido otros usuarios». Para lograrlo, ha bastado un simple correo electrónico a Youtube, explicando los motivos por los que solicitan la retirada del vídeo. No ha hecho falta identificar al autor o a aquellos que lo han viralizado copiando el contenido. «El Consell actúa de oficio, no perseguimos ninguna sanción contra el autor. Somos una organización reguladora», argumenta. Como apunta Noelia García, miembro de los colegios de Abogados de Madrid, Baleares y Alcalá de Henares y directora de Abogados Portaley, especializados en derecho de las nuevas tecnologías, «el marco normativo español posibilita el secuestro o retirada de contenido en internet mediante resolución judicial, aunque no podemos negar que muchas veces, demasiadas, estas medidas llegan tarde y resultan finalmente inocuas, ya que el daño está hecho y es muy complicado restituir al afectado en sus derechos legítimos».

La bromas de cámara oculta no son ninguna novedad. Sin embargo, es raro que sus víctimas lleguen a los tribunales. «Suelen ser reticentes a iniciar acciones legales, no solo por motivos económicos, sino también por la vergüenza que les supone poner de manifiesto estos hechos. Si consiguen eliminar los contenidos, la mayoría se dan por satisfechos», agrega la abogada.

El CAC, junto a otras organizaciones por la regulación de internet, trabajan para avanzar en materia legislativa. La norma vigente en la actualidad es la directiva europea conocida como Televisión sin fronteras, alumbrada en 1989 y definida por la UE como su «piedra angular de la política audiovisual». Su última actualización data de 2010, pero solo regula la radio y la televisión. Margarit indica que la próxima revisión se encuentra ya en trámites, y aunque sí prevé regular las plataformas online de vídeo como Youtube, a su juicio se queda corta: «Debería incluir las redes sociales como Facebook o Twitter, ya que el 70% de todo el tráfico de internet son contenidos audiovisuales».

Jurisprudencia internacional

Una sentencia supondría el primer caso de estas características en España, pero otros países llevan la delantera en jurisprudencia contra los youtubers que rebasan la línea que separa el humor del atropello. Es el caso de los cuatro miembros del canal Trollstation (Daniel Jarvis, 27 años; Helder Gomes, 23; Endrit Ferizolli, 20; y Ebenezer Mensah, 29) que fueron condenados el 17 de mayo de 2016 por simular un robo de cuadros en la Londons National Portrait Gallery y por fingir un secuestro en la Tate Britain, ambos realizados en julio de 2015. La justicia británica les encontró culpables de intento de causar pánico y violencia, y les impuso entre 16 y 20 semanas de cárcel por el primer caso y otras ocho semanas por el segundo.

El cámara que rodó ambos episodios, Danh Van Le (31 años), fue dondenado a 12 semanas de prisión. Van Le, miembro del mismo canal, ya había sido juzgado y hallado culpable en marzo del mismo año por grabar, en septiembre de 2015, a un joven mientras se acercaba a desconocidos por la calle con una maleta que albergaba en su interior un reloj cuyo tic-tac era claramente audible. El gancho abandonaba súbitamente el bulto y salía corriendo, causando el pánico.

Van Le alegó que el vídeo era una protesta por el caso de Ahmed Mohamed, el joven estadounidense de 14 años que fue arrestado por la Policía al confundir un reloj que él mismo había fabricado para su clase de ciencias con una supuesta bomba. Su justificación no convenció al tribunal de primera instancia londinense, que le sentenció a 24 semanas de reclusión. Otro miembro del mismo canal, Jaes Slattery, fue condenado a dos meses de prisión el pasado 11 de enero por un «experimento social» en el que increpaba con comentarios racistas a los visitantes negros del Museo de la Esclavitud, en Liverpool. La pena fue conmutada por 12 semanas de reabilitación y una compesación de 200 libras a una de las víctimas.

Al otro lado del globo, en Melbourne, los Jalal Brothers (Max, 20 años; Arman, 18; y Rebeen, 16) lograron cierta fama en la red con astracanadas en las que, ataviados como fundamentalistas árabes, simulaban tiroteos, decapitaciones públicas o, como su homólogo británico, dejaban bombas falsas en la calle. Fueron arrestados por las fuerzas antiterroristas australianas en febrero de 2016, salieron bajo fianza y en mayo fueron juzgados. El fallo de los jueces les obligaba a emitir una disculpa publica y les impedía volver a subir vídeos de estas características. Sin embargo, en septiembre de 2016 anunciaron que su equipo legal había conseguido anular esa orden, asegurando que toda la gente que se asustaba en sus grabaciones eran, de hecho, actores. Lo celebraron con un vídeo paseándose con un carrito de bebé que hacía el ruido de una ametralladora.

Autopista a la fama

La fama de algunos youtubers ha animado a jóvenes que ven la plataforma de vídeos como una oportunidad para hacer dinero fácil. La receta es sencilla: una broma, cuanto más pesada mejor, una víctima y una cámara. Luego solo es cuestión de menearlo en las redes sociales, viralizarlo y ver cómo sube el contador de visitas y, por ende, la remuneración económica. A Sergio Soler, MrGranBomba en las redes, la jugada le salió redonda: su vídeo en el que increpa a un repartidor insultándole con el célebre «caraanchoa» hasta que este pierde los papeles y le contesta con un sopapo le valió entrevistas, visitas a platós de televisión y casi cinco millones de visualizaciones.

Y aunque Soler mostró su arrepentimiento varias veces, eso no le ha impedido sacar provecho del asunto, ya que su canal de Youtube y sus 500.000 seguidores son, desde el pasado día de Reyes, propiedad de la marca de gafas de sol Hawkers, famosa también por sus campañas publicitarias virales (el año pasado hizo creer que el Yeti había sido avistado en Formigal). Ni el youtuber que previamente eliminó todos sus vídeos ni la compañía han querido hacer públicos detalles de la transacción.

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