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La verdad bajo llave

La verdad bajo llave

España es el único país occidental en el que los secretos oficiales pueden ser eternos. Los investigadores denuncian trabas en el acceso a archivos. El PNV propone un límite de 25 años

antonio corbillón

Martes, 6 de diciembre 2016, 00:44

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En democracia, el poder ha de ser un stripper y el ciudadano no tiene otro remedio que convertirse en un voyeur; nunca al revés». Sin embargo, España es la excepción de Europa y de Occidente a esa exigencia con la que el catedrático de Derecho Constitucional y hoy consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, trata de explicar a pie de calle el derecho ciudadano a la información. Cada año, muchos historiadores españoles esperan con ansia la desclasificación de documentos secretos que de forma automática aplica el Gobierno británico. Sus leyes contemplan que todos los archivos son públicos a partir de 30 años. Gracias a ellos supimos que Franco censuró el accidente nuclear de Palomares (Almería, 1966). También desde el Reino Unido nos llegó la cooperación del franquismo con Hitler (Operación Carne Picada), y se desvelaron los lazos con la dictadura argentina de Videla o las tácticas de represión durante las huelgas de Vitoria (1976). No es de extrañar el grito del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense Juan Carlos Pereira: «Quiero ser un investigador británico, para conocer lo que ocurre en España».

Pereira encabezó hace unos años junto a 300 investigadores de 16 países un manifiesto para reclamar que España adapte su Ley de Secretos Oficiales (1968) de corte predemocrático a la modernidad. Y que se acabase el bochorno de enterarnos de las cosas de dentro gracias a los Archivos Nacionales Británicos o a los desclasificados de Estados Unidos. «Somos una excepción. Y eso afecta al acceso a las fuentes archivísticas. Desde el franquismo hasta la Transición, todo debería estar abierto», reclama el también catedrático de Historia Contemporánea Ricardo Martín de la Guardia.

¿Quién fue el Elefante Blanco del golpe de Estado del 23-F, un episodio todavía hoy poblado de sombras? ¿Cuánto dinero se invirtió en crear los GAL? ¿Conocían los americanos que se preparaba el asesinato de Carrero Blanco por ETA?Docenas de preguntas como éstas guardan su respuesta en el coto vedado de la ley. Defensa sí ha desclasificado y digitalizado hace poco 1.900 páginas sobre supuestos avistamientos de OVNIS, cuyo interés «resulta cuando menos rocambolesco», ironiza el presidente de la Federación de Archiveros de España, José María Nogales.

Tiempos de cambio

Todo parece indicar que esta legislatura recién estrenada será la del cambio. Una de las primeras acciones del PNV en el Congreso de los Diputados ha sido recuperar su propuesta de modernizar esa Ley de Secretos que ya presentó en la minilegislatura anterior, aunque la disolución de las Cámaras la dejó en el tintero. El Parlamento aprobó el martes que se tramite esta proposición, que fijaría la desclasificación automática (tope de 25 años para materias secretas y 10 para las reservadas), además de atribuir en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de clasificar secretos oficiales. Camino de cumplir 40 años, la actual normativa concede esa prerrogativa también a Defensa y no establece ningún límite temporal. En España los secretos de Estado pueden serlo para siempre. «Se trata de incrementar la salud democrática, de impedir las llaves del eterno secreto», resumió en su exposición el ponente del PNV, Mikel Legarda.

Y también se trata de prevenir situaciones como la que evitó hace muchos años la presión y las quejas del gremio de archiveros. «Cuando llegó la democracia hubo un intento de destruir los archivos policiales. Nosotros logramos paralizarlo», recuerda Nogales. Esta situación explica que aún no se puedan abrir muchos archivos incluso desde los años treinta del siglo pasado. Relatan historias de las que van quedando pocos testigos vivos. Pero, como insiste Fernando Rey, «no tenemos, ni hemos tenido nunca, una cultura de la transparencia, a pesar de que, como es notorio, la democracia perece detrás de las puertas cerradas».

Ningún gobierno de uno y otro signo se ha tomado muy en serio hasta ahora las persistentes andanadas del amplio colectivo de historiadores patrios. En una de ellas y en tiempos de Rodríguez Zapatero, un centenar de expertos, con firmas como la del hispanista Paul Preston, reclamaron al Ministerio de Defensa la desclasificación de 10.000 documentos entre 1936 y 1968. La primera mujer titular de esta cartera, Carme Chacón, preparó esa apertura. Pero le pilló el cambio de legislatura y su sucesor, Pedro Morenés (PP) impuso el tradicional secretazo.

La profesora y exdirectora de la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense Mirta Núñez Díaz-Balart fue una de las portavoces de aquel colectivo. Todavía hoy se pregunta «qué se quiere ocultar con todo esto». Se responde a sí misma: «Muchos tienen miedo a que varíe lo conocido y prefieren agarrarse a la versión de otra época». Entre aquellos 10.000 documentos había datos sobre las actividades clandestinas de Radio España Independiente (1964-68), los planes con las tropas de Ifni o la guerra en ese Protectorado marroquí (1957-58). Y la pregunta se repite: ¿qué peligro representan estos capítulos de nuestra historia para la seguridad del Estado?

En este sentido, hay coincidencia entre los especialistas en que la propuesta peneuvista de los 25 años de custodia es ajustada. «Si hay algo que necesite más tiempo, que se acredite. Pero que no lo haga ni el Gobierno ni Defensa, sino la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, en la que están todos los grupos», propone José María Nogales.

«Lo que necesitamos es un procedimiento para la desclasificación que sea automático, cronológico, porque en una democracia moderna los poderes pueden ser discrecionales, pero no arbitrarios», remacha el profesor de Derecho Constitucional en Valladolid Óscar Sánchez. Es decir, algo parecido a lo que tienen en Francia, EE UU, Gran Bretaña, Italia, Suecia... Y dejar de equipararnos a Grecia y Chipre, únicos europeos que tampoco tienen regulado el derecho de acceso.

Historia almacenada

Incluso hay países del extinto Telón de Acero que nos supean en agilidad. Ricardo Martín de la Guardia, experto en los estados exsoviéticos, ha publicado recientemente Los luchadores de la libertad, donde describe el intento de revolución democrática en Hungría en 1956. Pasó meses enteros consultando archivos en varios países del Este. «Pudimos entrar en los de la Stasi (Policía política de la Alemania comunista) o en los del Partido Comunista sin cortapisas». La nueva Alemania reunificada incluso fue capaz de «escanear y recuperar los trozos de papel de la Stasi para que los germanos pudieran conocer su verdad, por dura que fuera».

En España, el debate sobre el acceso a cualquier documento pareció despejarse cuando se aprobó en 2013 la Ley de Transparencia, el paraguas que debía cobijar la apertura de las puertas de nuestros palacios de gobierno. Su texto ofrece un loable artículo 12: «Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública». No ha logrado pasar de ahí.

Los archiveros van más allá y denuncian el escaso celo del Gobierno actual en la custodia de su material. «Las estanterías de los ministerios están colmatadas. Los están llevando a una nave de un polígono industrial sin métodos seguros de archivo», denuncia José María Nogales.

Asuntos Exteriores ha encabezado el afán ocultista y ha exasperado aún más a los historiadores después de declarar secreta o reservada casi toda su documentación. Las revelaciones de Wikileaks sobre la guerra de Afganistán o la complicidad española con los vuelos ilegales de la CIA para llevar presos a Guantánamo llevaron al ministerio al cerrojazo. Un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 clasificó como secretas hasta catorce materias. Esta disposición no se publicó en el Boletín Oficial del Estado. El PP remató la faena con la clausura total de los fondos históricos de Exteriores y el despiece y reparto entre dos archivos: el Histórico Nacional (hasta 1931) y el General de la Administración de Alcalá (de 1932 hasta 1980). «Es insólito. Lo han despedazado», denuncia Martín de la Guardia.

El nuevo impulso para modernizar de una vez los secretos de Estado y la debilidad del actual Gobierno dan esperanzas de que España adecue por fin su ley a los tiempos modernos. Y a una democracia en la que, como recuerda el catedrático Fernando Rey, «donde hay secreto no hay control. Y sin control no hay democracia».

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