Diario Sur

Alumnos de sexto de Primaria realizan la prueba de revalida de la Lomce el pasado mayo. :: j. rodríguez
Alumnos de sexto de Primaria realizan la prueba de revalida de la Lomce el pasado mayo. :: j. rodríguez

Todos contra las reválidas

  • La revuelta generalizada amenaza con torcer el brazo a un Gobierno que ya no tiene mayoría absoluta y que si Rajoy se inviste necesitará apoyos

  • Estudiantes y padres se unen con una huelga al rechazo frontal a las pruebas de partidos, docentes y autonomías

El Ministerio de Educación aguanta el tipo y asegura, al menos oficialmente, que mantiene firme su decisión de aprobar, antes del 30 de noviembre, la orden que definirá las carácterísticas, contenidos y fechas con que se celebrarán las reválidas de ESO y Bachillerato, el último paso legal para que los polémicas pruebas -sin cuya superación no se obtendrá el título aunque se tengan aprobadas todas las asignaturas del ciclo educativo- se implanten en junio. Sin embargo, la revuelta contra las révalidas, que suma a la mayor parte de la comunidad educativa, a 12 de los 17 gobiernos autonómicos y a todos los partidos salvo el PP, se ha convertido en un clamor y amenaza con torcer el brazo a lo largo del otoño a un Ejecutivo popular que, a diferencia de cuando en 2013 aprobó en solitario la Lomce, la ley educativa que impone estas pruebas, no solo carece de mayoría absoluta en el Congreso sino que tiene enfrente en este asunto a casi las dos terceras partes de la Cámara baja.

El primer aviso lo recibió este mes de las doce autonomías que no gobierna el PP, reunidas extraoficialmente en Valladolid, que exigieron por escrito a Íñigo Méndez de Vigo que, mientras se busca un consenso para cambiar el marco legal educativo, renuncie a implantar este año las reválidas y mantenga un curso más las pruebas de selectividad, que la Lomce sustituye ahora para determinar la nota para el acceso a la universidad por la nueva prueba de Bachillerato. Varios de estos ejecutivos no se han quedado en las palabras y han presentado, o presentarán, ante los tribunales demandas para que anulen el real decreto aprobado por el Gobierno el 29 de julio, el que estableció que este curso se celebrarían ambas reválidas.

El segundo asalto se vivirá el miércoles. Mientras Mariano Rajoy protagoniza en el Congreso su segundo intento por ser investido presidente, la Ceapa, la organización que agrupa a 12.000 asociaciones de padres de la escuela pública, y el Sindicato de Estudiantes, el mayoritario en el colectivo, han convocado una huelga en todos los centros educativos del país -incluidas las universidades- que busca vaciar las aulas para exigir al Ejecutivo la derogación de la Lomce, pero, fundamentalmente, la renuncia a implantar las reválidas. La Ceapa, por si la presión social no es suficiente, ha recurrido también el real decreto de julio ante la Audiencia Nacional y ha pedido su suspensión cautelar mientras se dicta sentencia.

Presiones

Los principales sindicatos de docentes, por razones de oportunidad, no se han sumado a la convocatoria de huelga salvo en Madrid, pero están totalmente de acuerdo con su reivindicación, como la demuestran con su llamada pública a participar en las manifestaciones que ese mismo miércoles reclamarán la derogación de las nuevas pruebas selectivas en la mayor parte de las ciudades españolas. El 80% de los profesores rechaza las reválidas, según una encuesta reciente.

El círculo de presión sobre el Ministerio se cerrará en las próximas semanas en el Congreso. La absoluta mayoría de la Cámara ya ha pedido dos veces sin éxito al Gobierno en funciones, en primavera y este mes, que renuncie a implantar las reválidas, pero, si la investidura de Rajoy sale adelante, la oposición ahora se lo exigirá en las conversaciones para garantizar una mínima estabilidad a su nuevo Ejecutivo o con la fuerza de la mayoría.

Ciudadanos, que será clave no solo para que Rajoy llegue a la Moncloa sino para que pueda sacar adelante en invierno medidas fundamentales, como los Presupuestos de 2017, tiene el compromiso por escrito del PP, en el pacto de investidura, de que, mientras se empieza a explorar un acuerdo nacional por la educación, el Ejecutivo aceptará paralizar en paralelo los puntos de la Lomce que aún no están vigor, entre los que los de Albert Rivera incluyen las reválidas de ESO y Bachillerato. El líder naranja ya avisó al PP de que si incumple el acuerdo, y la educación es un punto central para su partido, ya no les comprometerán el resto de los apoyos pactados. El partido naranja, de hecho, anunció el viernes que ya tiene un acuerdo verbal con el Gobierno para aprobar una moratoria que deje a las reválidas sin valor académico durante cuatro años en cuanto Rajoy sea investido, pero el Ministerio se niega a confirmar tal pacto.

La puntilla puede venir del Congreso. La Cámara baja desafió el martes al Gobierno y decidió iniciar la tramitación, pese a su veto, de una proposición de ley de PSOE, que en principio cuenta con mayoría suficiente para ser aprobada, que anularía el calendario de implantación de la Lomce que incluye la propia norma. La ley socialista, que puede salir adelante incluso sin el apoyo de Ciudadanos, ordena también la suspensión de la entrada en vigor de todas las normas reglamentarias que desarrollan la Lomce y que no se han aplicado de forma efectiva, entre las que se incluiría la orden del Ministerio para el diseño y celebración de las reválidas en este curso, si es que llega a aprobarla al final antes del 30 de noviembre.